Muere más población civil en los enfrentamientos en Sri Lanka
Muere más población civil al noreste de Sri Lanka, mientras continúan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE).
Según informes, la autora de un atentado suicida con bomba, que se produjo el 9 de febrero en un punto de control para la población civil que huye de la zona de conflicto, ha causado la muerte a 28 personas y lesiones a varias decenas más. Según el ejército de Sri Lanka, la mujer vestía de civil.
El atentado sucedió en la zona de Vishwamadu, en el distrito de Mullaitivu, mientras los soldados registraban a los civiles que trataban de entrar en una zona declarada segura por el gobierno. Al parecer, todos los días miles de personas tratan de cruzar a una zona segura.
Los LTTE tienen un largo historial de utilización de atentados suicidas y, en el pasado, han dirigido específicamente sus ataques contra la población civil. No han reconocido la autoría de este atentado.
Estas tácticas vulneran la prohibición jurídica internacional de cometer ataques pérfidos y exponer la vida de la población civil a un peligro mayor.
“La difuminación de la línea que separa a civiles de combatientes significa que miles de personas corrientes, desesperadas por huir de la zona de conflicto, corren un peligro mayor de sufrir represalias y quedar atrapadas en el fuego cruzado”, ha afirmado Yolanda Foster, experta de Amnistía Internacional sobre Sri Lanka.
“Los Tigres de Liberación deben rechazar públicamente y de inmediato el uso de tácticas como los atentados suicidas cometidos por personas camufladas de civiles.”
Yolanda Foster añadió que es importante recordar que el hecho de que una de las partes de un conflicto armado recurra a estas tácticas no es excusa para responder con ataques ilegítimos.
“Las fuerzas de seguridad de Sri Lanka deben asegurarse en todo momento de que dirigen sus acciones contra objetivos militares y no civiles”, declaró Yolanda Foster.
Hay informes que indican que se han estado lanzado bombardeos contra la zona declarada segura por el gobierno –un área de 7 km de longitud y 4 km de anchura, declarada segura por el gobierno el 21 de enero–.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, el 6 de febrero murieron 48 personas y otras 147 resultaron heridas durante un intenso bombardeo. Mahtalan, Thevipuram, Suthantirapuram, Moongilaru, Udayarhaddu y Vallipunam fueron bombardeadas durante todo el día. Amnistía Internacional no puede confirmar de dónde surgieron las bombas.
El 7 de febrero, perdieron la vida 126 civiles, entre ellos, 61 pacientes, y 238 personas sufrieron heridas de muerte cuando los bombardeos se dirigieron contra la zona de Puthukudiyirupu. Algunas bombas cayeron sobre el hospital de Ponnampalam, matando a los pacientes que se encontraban ingresados. La zona también sufrió bombardeos aéreos y fue atacada con bombas de racimo lanzadas con cañones.
Los bombardeos y el fuego de los cañones se dirigió también contra las personas desplazadas desde la zona de Suthanthirapuram, lo que provocó la muerte a 80 civiles y lesiones mortales a 198 personas.
“Ya han perdido la vida cientos de civiles. La situación de las familias atrapadas entre las dos partes contendientes es espantosa. Ambas partes deberían suspender sus operaciones el tiempo suficiente para permitir que se marche la población civil y que la ayuda humanitaria llegue a las personas que no pueden marcharse”, declaró Yolanda Foster.
El gobierno ha restringido el acceso de los medios de comunicación a las zonas de conflicto, por lo que es imposible comprobar los relatos de lo que está sucediendo sobre el terreno.
El 9 de febrero, el Servicio Mundial de la BBC declaró que dejaba de proporcionar programación de radio en FM a la emisora nacional srilankesa, SLBC, puesto que estaba excluyendo de forma selectiva programas y reportajes en inglés, cingalés y tamil.
Según la BBC, se han tapado reiteradamente con música partes de programas. En algunas ocasiones, se ha impedido la emisión de programas enteros.
“En una guerra sin testigos, es la población civil quien paga las consecuencias del desprecio de ambas partes por el derecho internacional humanitario”, manifestó Yolanda Foster.