Los jueces lores, el máximo tribunal del Reino Unido, ha autorizado al gobierno británico a expulsar a tres personas a países donde correrán un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, como la tortura u otros malos tratos, y juicios manifiestamente injustos.
El gobierno intenta expulsar a Argelia a dos personas, que en las actuaciones judiciales del Reino Unido aparecen como “RB” y “U”, y a una tercera, Omar Othman (conocido también como Abu Qatada) a Jordania.
En los tres casos el gobierno se basa en las garantías diplomáticas ofrecidas por los gobiernos de Argelia y Jordania, respectivamente, para reducir lo que el propio gobierno reconoce como un riesgo real de que los afectados sean sometidos a violaciones graves de derechos humanos en sus países de origen.
Sesabe que esos dos países no han impedido en el pasado que se torture o someta a malos tratos a persona sospechosas de participación en actividades terroristas.
El Reino Unido lleva varios años tratando de expulsar a personas a las que acusa de representar una amenaza para la seguridad nacional. Ha pedido lo que se conoce como “garantías diplomáticas” a los países a los que va a devolver a estas personas y donde podrían correr el riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos, así como juicios manifiestamente injustos.
Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, ha declarado: “Sería enormemente preocupante que el gobierno británico considerarse que con esta decisión los jueces lores le dan luz verde para seguir expulsando a personas a países en los que correrán el riesgo de sufrir abusos como la tortura y juicios injustos.”
Es del todo imposible hacer que se cumplan las garantías diplomáticas: no pueden hacerlo ni la persona a la que se supone que han de proteger, ni el país que las ha pedido y se fía de ellas –en este caso el Reino Unido–. Por consiguiente, no se puede esperar que esas garantías den ninguna protección real a las personas contra la tortura.”
Amnistía Internacional cree que, al recurrir a estas garantías, el gobierno del Reino Unido está actuando en detrimento del sistema de los tratados internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición mundial de la tortura y de otros malos tratos, en favor de acuerdos bilaterales negociados con países que ya han incumplido sus obligaciones internacionales existentes de prevenir y castigar la tortura y otros malos tratos.
Nicola Duckworth precisa: “Nadie debe ser expulsado a un lugar donde corra el riesgo de sufrir tortura, con independencia de los actos de los que sea acusado o sospechoso. Los Estados no pueden permitirse ir eligiendo qué personas tienen derechos humanos.”
“Si existen sospechas razonables de que las personas en cuestión han cometido un delito relacionado con el terrorismo, las autoridades británicas siempre tienen la posibilidad de acusarlas formalmente y someterlas a un juicio imparcial. Lo que no es aceptable es utilizar la sospecha de implicación en actos de terrorismo para justificar el envío de alguien a un lugar donde corre un riesgo real de sufrir torturas u otras violaciones graves de sus derechos.”