Se ha instado a las autoridades colombianas a emprender una investigación sobre el homicidio en febrero de 27 indígenas awá en el departamento de Nariño.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 11 de febrero el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mató a 10 awá en Nariño.
Asimismo, según los informes, el mismo grupo había matado el 4 de febrero a otros 17 awá en el mismo departamento. También se han recibido informes del secuestro de un número desconocido de indígenas awá.
En una declaración pública emitida el pasado viernes 13 de febrero, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades colombianas que abran de inmediato una minuciosa investigación sobre los homicidios y que pongan a los responsables a disposición judicial.
Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia, ha declarado: “Si se verifican, estos homicidios suponen otro ejemplo trágico más del gran número de violaciones graves del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos perpetrados contra comunidades indígenas por todas las partes –grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas de seguridad– en el largo conflicto armado colombiano. El homicidio deliberado de civiles constituye crimen de guerra.”
Amnistía Internacional ha pedido también a las autoridades colombianas que garanticen la seguridad de la comisión humanitaria que trata de desplazarse hasta la zona para verificar los hechos. La organización pide además a la guerrilla que prohíba el homicidio deliberado de civiles y ponga en libertad a todos los awá y al resto de los civiles que mantiene cautivos.
Fuerzas de seguridad y paramilitares llevan enfrentadas en el conflicto interno de Colombia contra los grupos guerrilleros desde mediados de los años sesenta. El conflicto se ha caracterizado por un extraordinario nivel de abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario. Con mucho, las principales víctimas han sido siempre civiles: han muerto decenas de miles, entre tres y cuatro millones han resultado desplazadas internamente y miles más han sido objeto de desaparición forzada o secuestro por las fuerzas de seguridad, los paramilitares o los grupos guerrilleros.
Marcelo Pollack concluye: “Todas las partes del conflicto deben respetar el derecho a la vida de los pueblos indígenas, así como el de otras comunidades civiles, y garantizar que no se ven arrastradas al conflicto.”