Por Tania Briseño Oliveros
Virginia Laparra es una abogada guatemalteca que pasó dos años en la cárcel injustamente, con la que Amnistía Internacional ha mantenido una cercanía por acompañar su caso desde hace varios años. En mayo de este año, una pequeña delegación de Amnistía Internacional visitó a Virginia en Quetzaltenango, Guatemala. Nuestro encuentro fue previo al inicio de un segundo juicio y que, en ese momento, aún se tenía esperanza de que tuviera una resolución positiva. “Estoy feliz por estar libre, pero estoy cansada. Es parte de la tortura hacer este proceso lo más largo posible, ya van 7 años. Este proceso tiene nada de legal y todo de arbitrario”, nos contó.
Estoy feliz por estar libre, pero estoy cansada. Es parte de la tortura hacer este proceso lo más largo posible, ya van 7 años. Este proceso tiene nada de legal y todo de arbitrario.
Virginia Laparra
Para entender el caso de Virginia hay que saber que ella fue fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y que, junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue clave para impulsar la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. Estas entidades lograron enjuiciar a altos funcionarios de gobierno, y avanzar en el desmantelamiento de redes de corrupción en la clase político-económica guatemalteca. Sin embargo, esta lucha contra la corrupción provocó la reacción de sectores políticos, privados y criminales que se vieron afectados por estas nuevas iniciativas. Pronto surgieron campañas de estigmatización, acoso y difamación en contra de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas que documentaban estos casos. Lamentablemente, la CICIG dejó de operar en 2019 después de que el gobierno de Jimmy Morales decidiera no renovar su mandato. Este fue el comienzo de una etapa difícil, injusta y dolorosa para muchas personas que trabajaban en la lucha contra la corrupción desde el sistema de justicia.
En 2022, Laparra fue detenida de forma arbitraria debido a su labor de defensa de los derechos humanos como jefa de la FECI en Quetzaltenango. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia y solicitó su libertad inmediata e incondicional, resolución que fue apoyada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. A pesar de estos esfuerzos, estuvo en prisión durante dos años en los que estuvo separada de sus hijas, sufrió violaciones a sus derechos y negligencia en tratamientos médicos que necesitaba.
“Nombrar a Virginia como presa de conciencia fue un mecanismo que ha funcionado no sólo para luchar por su caso, sino también para cubrir a Claudia como su abogada en su propio caso”, nos contó Cristina Alonzo, abogada de Claudia González y de Virginia actualmente. Claudia es una reconocida abogada y defensora de derechos humanos que antes también fue mandataria de la CICIG. En el 2023, pasó de ser la defensora legal de Virginia y más exfiscales, a convertirse también una nueva víctima de la criminalización y detención arbitraria por parte del sistema judicial de Guatemala.
Nombrar a Virginia como presa de conciencia fue un mecanismo que ha funcionado no sólo para luchar por su caso, sino también para cubrir a Claudia como su abogada en su propio caso.
Cristina Alonzo, abogada de Claudia González y de Virginia Laparra actualmente.
El 23 de mayo Amnistía Internacional presentó el informe Todo el Sistema en Contra: Criminalización de mujeres operadoras de Justicia y defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, en el que casos como los de Virginia Laparra y Claudia González son tejidos para analizar, desde una perspectiva de género, el patrón de hostigamiento y criminalización hacia personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que han contribuido a la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. Este patrón incluye elementos como la multiplicidad de denuncias que se interponen en su contra y que las obliga a invertir tiempo y recursos en su defensa; ataques digitales como campañas de desinformación, hostigamiento y violencia digital que las presenta como criminales o filtran información sensible de los casos; acoso y hostigamiento personal a las víctimas y sus familias; acciones penales indebidas en casos donde no existe fundamento jurídico; juicios sin las debidas garantías y detenciones arbitrarias. Este mecanismo es repetido y ampliado para abarcar cada vez a más personas que desempeñan sus funciones como abogadas defensoras, juezas o fiscales (como es el caso de Virginia y Claudia). En muchos casos, la criminalización desemboca en el exilio: muchas personas afectadas se ven obligadas a abandonar Guatemala a causa de todas las prácticas mencionadas, así como a las amenazas contra su integridad o su vida.
Se pone la profesión, la vida y el tiempo para aportar un granito de arena a algo bueno, a la justicia.
Virginia Laparra.
“Se pone la profesión, la vida y el tiempo para aportar un granito de arena a algo bueno, a la justicia”, contaba Virginia. “Ahora estoy en un momento de regreso a la vida de la que me perdí dos años”. El almuerzo en Quetzaltenango fue un encuentro afortunado con Virginia y su familia, y también con Bernardo Caal Xol e Isabel Matzir, ambos defensores de derechos humanos. Por defender la comunidad indígena maya Q’eqchi’ y el Río Cahabón, Bernardo también fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
En el encuentro, su esposa Isabel nos contó que conoció más sobre el caso de Virginia a través de los medios y empezó a encontrar similitudes con lo que había vivido con Bernardo: Una persona luchando por una causa justa que incomodó a personas en el poder y que utilizaron la criminalización como estrategia para callar sus voces. “Bernardo estuvo preso del 2017 al 2022. Nos ayudó mucho conocer a familias que hubieran pasado por lo mismo. Se generaba esperanza porque, si ellos salían, nosotros también. Se puede encontrar paz al expresar solidaridad en las familias”.
Nos ayudó mucho conocer a familias que hubieran pasado por lo mismo. Se generaba esperanza porque, si ellos salían, nosotros también. Se puede encontrar paz al expresar solidaridad en las familias.
Isabel Matzir, esposa de Bernardo Caal Xol
Desde que Bernardo salió de la cárcel, Isabel y él han dedicado gran parte de su tiempo, de su energía y sus recursos a visitar en la cárcel a personas defensoras que han sido criminalizadas injustamente. Acompañándoles con su presencia, preparándoles su comida favorita, con libros que les dieron luz en ese proceso y, sobre todo, escuchándoles y compartiéndoles su propia experiencia, un regalo de empatía muy poderoso que contribuye a formar una resistencia digna, afectiva y colectiva. Es la identificación en el reflejo de quienes han vivido una pausa involuntaria en sus proyectos de vida, muchas veces permitiéndoles sanar. Bernardo compartió que “yo no podía llorar. Pasaban los días y no podía llorar hasta que vi a otra defensora. Al verla, pensé -ella estuvo en la cárcel, ¿cómo aguantó? ¿Y cómo aguanté yo? – Reconocí en ella el dolor que yo había tenido, pero en la cárcel solo había enojo, también pensaba que era un mensaje al enemigo”.
La lucha no termina al salir de la cárcel y el sabor de la libertad es agridulce. Hay daños irreversibles y distintos retos complejos que enfrentar. El hostigamiento y criminalización impactan negativamente la vida de las personas en distintos niveles que van de lo laboral y económico hasta lo psicológico, emocional y familiar, pues suelen ser campañas intensas y prolongadas de desprestigio y estigmatización en su contra, sin garantías de que sus procesos y juicios sean justos. Por otra parte, las personas que han sido privadas de su libertad han experimentado condiciones adversas como falta de acceso a servicios de salud, ataques misóginos y racistas en el espacio público o los tribunales, restricciones de visitas, entre otros.
El pasado jueves 18 de julio, Virginia tomó la difícil decisión de salir al exilio para proteger su vida. Esta decisión llegó a los pocos días de ser declarada culpable por el Tribunal de Quetzaltenango en el segundo proceso que enfrentaba. Fue condenada a cinco años de prisión conmutables por una supuesta divulgación de información confidencial, una multa por 50,000 quetzales, y además quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por diez años. “Lo hago con tristeza y con plena consciencia de que está decisión será especialmente dura para mi familia, mis amistades y mis abogados. Les pido que entiendan la dificultad de mi decisión y que procedo con el único objetivo de protegerme y protegerles”, escribió en una carta. Laparra se suma a más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y activistas de Guatemala que, desde el cierre de la CICIG en 2019, decidieron salir al exilio tras denunciar persecución política en su contra por parte del Ministerio Público. “Más que nunca, tengo la certeza de que la verdad está de mi lado. Desde el exilio, les vuelvo a confirmar: eso nunca me lo podrán arrebatar”, acotó.
Más que nunca, tengo la certeza de que la verdad está de mi lado. Desde el exilio, les vuelvo a confirmar: eso nunca me lo podrán arrebatar.
Virginia Laparra