NO PUEDES MARCHARTE Y NO VOY A DECIRTE POR QUÉ
LA PROHIBICIÓN DE VIAJAR EN ARABIA SAUDÍ

Desde que el príncipe heredero Mohamed bin Salman subió al poder en 2015, Arabia Saudí ha sido testigo de una represión generalizada de la libertad de expresión dirigida contra la comunidad de los derechos humanos, así como a un amplio abanico de personas que han expresado cualquier forma de disidencia o de crítica del gobierno. A mediados de 2021, casi todas las personas que defendían los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres, periodistas independientes, escritores y escritoras, y activistas del país habían sido objeto de detención arbitraria, prolongados juicios injustos —la mayoría de las veces ante el Tribunal Penal Especializado— o habían salido en libertad con condiciones como la prohibición de viajar y otras restricciones arbitrarias de sus derechos fundamentales como el de ejercer el activismo pacífico. Por otra parte, el brutal asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul en octubre de 2018, junto con la vigilancia digital promovida por el Estado y otros ciberataques contra activistas en el extranjero, redujo aún más el espacio de la sociedad civil del país y fomentó un clima de miedo y opresión.

El uso arbitrario de la prohibición de viajar por las autoridades saudíes contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos refleja un panorama sombrío en el país, donde se sigue silenciando implacablemente a las voces disidentes mientras los dirigentes hablan de reforma progresiva.
Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Defensores y defensoras de los derechos humanos han sido declarados culpables y condenados a duras penas, en ocasiones de hasta 30 años de prisión, en prolongados juicios injustos. Cuando quedan finalmente en libertad (al cumplir la condena o tras una decisión de excarcelación anticipada), ésta lleva aparejadas unas condiciones que perpetúan de hecho violaciones de sus derechos una vez que salen de prisión. Estas condiciones incluyen la prohibición de hablar en público y la prohibición de viajar, lo que viola sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en el país, y a la libertad de circulación fuera de él.

Las prohibiciones de viajar son órdenes oficiales —por lo general, de carácter judicial o policial— que impiden que una persona o grupo de personas entren en el país o salgan de él, cuyo propósito oficial es ser usadas cuando sea necesario en casos de delitos económicos, custodia o investigaciones penales. La organización ha documentado también el uso de prohibiciones de viajar que no fueron impuestas mediante orden judicial o policial, en cuyos casos las personas afectadas no conocieron la prohibición hasta que intentaron viajar. Estas prohibiciones de viajar “no oficiales” se han impuesto sobre todo a familiares de activistas pacíficos en Arabia Saudí en lo que es claramente una represalia por el activismo de su pariente.

Estas prohibiciones —tanto las judiciales como las no judiciales— no son más que otra faceta de la constante de represión, táctica que emplean las autoridades para reprimir las voces críticas independientes dentro y fuera del país.


¿Cómo afectan a la vida las prohibiciones de viajar?

Durante su labor en curso de seguimiento y documentación, Amnistía Internacional documentó 30 casos de activistas y personas que defienden los derechos humanos saudíes que fueron objeto de enjuiciamiento y a quienes se impuso penas de prisión seguidas de la prohibición de viajar, así como 39 prohibiciones de viajar no oficiales que afectaban a familiares de activistas.

Según la prensa, las autoridades saudíes también impusieron la prohibición de viajar a alrededor de 300 personas afectadas por la purga del Ritz Carlton de noviembre de 2017, entre las que había miembros de la familia real saudí y al menos 85 descendientes (hijos e hijas, nietos y nietas y bisnietos y bisnietas) del difunto rey Abdullah bin Abdulaziz al Saud. En octubre de 2021, The Freedom Initiative publicó un informe que documentaba los casos de al menos 89 “personas estadounidenses” (de nacionalidad estadounidense o con residencia legal permanente en Estados Unidos) detenidas o sometidas a la prohibición de viajar en Arabia Saudí.

La prohibición de viajar tiene consecuencias importantes en la vida de las personas afectadas, que pierden oportunidades educativas o profesionales en el extranjero, y limita su capacidad para recibir atención sanitaria fuera del reino, afecta a su salud mental y las separa forzosamente durante años de familiares. Además, este clima de temor y represión tiene un efecto disuasorio en las personas saudíes que se dedican al activismo que viven en el extranjero o están exiliadas, que evitan regresar a su país por miedo a las represalias o a ser sometidas a una prohibición de viajar que las dejaría encerradas en el reino y les impediría volver a su país de residencia, por no mencionar el temor a que miembros de su familia que viven en el país sean objeto de venganza por su activismo en el extranjero.

Varias de estas personas dijeron a Amnistía Internacional que sufren mental y emocionalmente al estar separadas forzosamente de sus familias y de su país de origen por temor a ser sometidas a una prohibición de viajar si regresan o incluso a detención y reclusión arbitrarias.

En conclusión, las prohibiciones de viajar ilegítimas y arbitrarias constituyen violaciones de los derechos humanos consagrados en las leyes nacionales e internacionales.

Amnistía Internacional insta a las autoridades saudíes a que levanten inmediatamente todas las prohibiciones de viajar impuestas a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos y todas las demás condiciones impuestas judicialmente sólo por su trabajo pacífico, así como las prohibiciones no oficiales impuestas de forma extrajudicial y arbitraria a sus familiares como represalia. Las autoridades saudíes deben poner fin al uso punitivo y revanchista de la prohibición de viajar y respetar plenamente los derechos a la libertad de expresión y de circulación.


Conoce sus nombres

Basándose en su labor en curso de documentación y seguimiento de personas enjuiciadas en relación con su derecho a la libertad de expresión, Amnistía Internacional ha documentado los casos de 30 personas que están actualmente sometidas a una prohibición de viajar impuesta como parte de su condena judicial, y los de 39 sometidas a una prohibición de viajar no oficial sólo por ser familiares de activistas enjuiciados. Entre noviembre y diciembre de 2021, Amnistía Internacional habló con 8 de estas personas para comprender mejor el impacto que estas decisiones tienen en su vida cotidiana.

Raif Badawi

Raif Badawi fue detenido el 17 de junio de 2012 por crear un foro online para el debate público y por insultar al islam. En 2014 fue condenado al pago de una multa de un millón de riyales (267.000 dólares estadounidenses) y a 10 años de cárcel, seguidos de otros 10 años de prohibición de viajar. También fue condenado al castigo cruel e inhumano de recibir 1.000 latigazos, 50 de los cuales le fueron aplicados en una plaza pública en Yeda el 9 de enero de 2015.

Fue excarcelado el 11 de marzo de 2022 después de haber permanecido en prisión varios días más de lo estipulado en su condena. Sigue sometido a una prohibición de viajar de 10 años a partir de la fecha de su liberación y no puede reunirse con su familia en Canadá. Si no se levanta esta prohibición, puede que no vea a su esposa e hijos en los próximos 10 años.

Aziza al Youssef

Destacada defensora de los derechos humanos, fue detenida en mayo de 2018 y puesta en libertad provisional en marzo de 2019. Está sometida a una prohibición de viajar de cinco años. Su hijo, Salah al Haidar, periodista y escritor, fue detenido a su vez en 2019 y puesto en libertad condicional en febrero de 2021, sometido a dos años de prohibición de viajar.

Lee el testimonio infra de Sara al Haidar, hija de Aziza al Yousef y hermana de Salah al Haidar.

Salman al Odah

Destacado clérigo reformista detenido desde septiembre de 2017 que podría ser condenado a muerte. Toda su familia en Arabia Saudí, un total de 19 personas, está sometida a una prohibición de viajar no oficial. Su hijo, Abdullah al Odah, y la esposa de éste residen en Estados Unidos y no pueden regresar a Arabia Saudí por temor a ser enjuiciados. La pareja ha sido objeto de amenazas indirectas y de intentos de engaño para que vuelvan a Arabia Saudí, pero ambos lograron eludir las tentativas.

Lee el testimonio infra del doctor Abdullah al Odah, hijo de Sheij Salman al Odah.

Abdulrahman al Sadhan

Trabajador de la Media Luna Roja, estuvo dos años en régimen de incomunicación y sometido a desaparición forzada desde su detención el 12 de marzo de 2018 hasta que le permitieron llamar por primera vez a su familia el 12 de febrero de 2020. El 5 de abril de 2020 fue condenado a 20 años de prisión seguidos de 20 años de prohibición de viajar por cargos relacionados con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Lee el testimonio infra de Areej al Sadhan, hermana de Abdulrahman al Sadhan.

Ali Hashem

Exempresario y activista político que reside actualmente en Líbano después de huir de Arabia Saudí en 2016 por temor a ser enjuiciado por sus opiniones políticas. Su madre, su padre, su esposa y cinco hijos viven en Arabia Saudí y están sometidos a una prohibición de viajar no oficial. No los ha visto desde 2018.

Lee el testimonio de Ali Hashem infra.

Um Nasser [seudónimo]

Viuda de un activista de la Provincia Oriental de Arabia Saudí que fue ejecutado por las autoridades saudíes. Vive en Arabia Saudí y está sometida a una prohibición de viajar no oficial al igual que todos sus hijos.

Lee el testimonio de Um Nasser infra.

Loujain al Hathloul

Destacada defensora de los derechos humanos, un Tribunal Penal Especializado la condenó en diciembre de 2020 a cinco años y ocho meses de prisión en un juicio manifiestamente injusto. Ha denunciado haber sido sometida a tortura, acoso sexual y amenazas de muerte en prisión. Ante el incremento de la presión internacional, en diciembre de 2020, el Tribunal Penal de Riad anunció la apertura de una investigación dirigida por la Fiscalía sobre sus denuncias de tortura bajo custodia. Sin embargo, en la sesión del 22 de diciembre de ese mismo año, el juez cerró la supuesta investigación y negó que se hubieran producido actos de tortura sin facilitar a Al Hathloul copia de su decisión. Loujain al Hathloul ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Supremo. Salió en libertad condicional en febrero de 2021, pero sigue en libertad vigilada durante 2 años y 10 meses —parte de condena condicional de la pena total de prisión— y tiene prohibido viajar durante 5 años. Además, su madre y su padre están sometidos a una prohibición de viajar no oficial, injustificada e indefinida desde 2018.

Lee el testimonio infra de Lina al Hathloul, hermana de Loujain al Hathloul.

Fahed [seudónimo]

Periodista condenado en 2016 a cinco años de prisión seguidos de ocho años de prohibición de viajar. Salió en libertad en 2021, pero sigue sometido a la prohibición de viajar y no puede reunirse con su esposa e hijos, que viven en el extranjero.

Lee el testimonio infra de Salam, esposa de Fahed.

Leer los testimonios

PIDE A LAS AUTORIDADES SAUDÍES QUE LEVANTEN ESTAS INJUSTAS PROHIBICIONES DE VIAJAR Y PERMITAN QUE LAS FAMILIAS SE REÚNAN

¿Por qué son ilegales estas prohibiciones de viajar?

Las prohibiciones arbitrarias de viajar impuestas a ciudadanos y ciudadanas saudíes son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y a la legislación nacional de Arabia Saudí, que protegen el derecho de la ciudadanía saudí de salir de su propio país y a entrar en él, violan manifiestamente los derechos a la libertad de circulación y de asociación y reprimen el derecho a la libertad de expresión.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a la libertad de circulación y de residencia dentro de las fronteras de cada Estado, y el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a él (artículo 13). Del mismo modo, la Carta Árabe de Derechos Humanos, que Arabia Saudí ha ratificado, estipula que todas las personas que residen legalmente en los países partes gozan de la libertad de circulación y de elegir su residencia (artículo 26). La propia Ley de Documentos de Viaje saudí garantiza, además, el derecho a la libertad de circulación en su artículo 6, pues establece que “a ninguna persona se le impedirá viajar salvo por una resolución judicial o una decisión emitida por el ministro del Interior o el presidente de Seguridad del Estado, en su caso, por razones concretas relativas a la seguridad y durante un periodo de tiempo concreto. En ambos casos, se notificará a la persona a la que se prohíba viajar en un plazo no superior a una semana desde la fecha de emisión de dicha resolución o decisión”.

Sin embargo, según la documentación de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades saudíes imponen la prohibición de viajar sin orden judicial ni decisión oficial, y no la notifican a las personas afectadas o no lo hacen en el plazo que establece la ley.

En los 39 casos de prohibición de viajar no oficial, las autoridades no la notificaron a las personas afectadas, que no supieron que eran objeto de dicha prohibición hasta que llegaron al control de fronteras de un aeropuerto o paso fronterizo cuando intentaban salir del país. Varias personas afectadas dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades fronterizas saudíes no les dieron ninguna razón por la que les impedían subir a un avión y que se han negado a facilitar documentación formal alguna que justifique la decisión. Además, cuando se les preguntó por la duración de su prohibición de viajar, no se les informó ni de cuándo se levantaría la prohibición ni si iba a levantarse. En el caso de las prohibiciones oficiales, la razón real no tiene nada que ver con la seguridad, sino que es un castigo al ejercicio pacífico de sus derechos humanos y, por tanto, son ilegítimas.

Los Estados sólo pueden imponer restricciones al derecho a la libertad de circulación, que incluye el derecho a salir del propio país y a entrar en él, en circunstancias excepcionales. Toda restricción de este tipo debe estar prevista en la ley y ser necesaria y proporcionada para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o los derechos y libertades de otras personas, y ha de ser compatible con todos los demás derechos humanos (incluido el derecho a la libertad de expresión). Sin embargo, los casos documentados por Amnistía Internacional ilustran que las autoridades saudíes instrumentalizan las prohibiciones de viajar como herramienta represiva para castigar, intimidar, controlar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos y a sus familias como parte de una serie de tácticas utilizadas para silenciar la disidencia. Las prohibiciones de viajar oficiales de estos casos no cumplen los requisitos de ser necesarias para proteger un interés legítimo (la seguridad nacional, etc.) y compatibles con todos los demás derechos humanos. Las prohibiciones de viajar no oficiales tampoco cumplen los requisitos que establece la ley.


¿Qué pide Amnistía?

Las prohibiciones de viajar de motivación política son otra táctica más que utilizan las autoridades saudíes para sofocar los derechos humanos y a la comunidad de activistas tanto dentro del país como fuera de él. Los casos documentados por Amnistía Internacional no son casos aislados. Las autoridades saudíes vienen usando las prohibiciones de viajar de forma creciente, reiterada y sistemática para intimidar y silenciar las voces independientes y críticas, y reprimir el activismo pacífico, de modo que se están convirtiendo en una constante o práctica habitual en el país.

Las autoridades saudíes deben dejar de usar el sistema de justicia como herramienta para perseguir por su legítima labor a quienes defienden los derechos humanos, lo que empieza por poner fin a su campaña contra todas las personas detenidas, condenadas, enjuiciadas o en espera de cargos sólo por ejercer su derecho a expresarse libremente o el activismo pacífico; levantar inmediatamente todas las prohibiciones de viajar impuestas a activistas pacíficos y/o a sus familiares, y retirar todas las demás condiciones impuestas a activistas como parte de su condena.

Amnistía Internacional pide a las autoridades saudíes, es decir, al rey Salman bin Abdul Aziz Al Saud, al príncipe heredero Mohamed bin Salman, a la presidencia de Seguridad del Estado, al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior:

La libertad inmediata e incondicional de todas las personas dedicadas al activismo y a la defensa de los derechos humanos detenidas únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos.


Acabar con la práctica de imponer prohibiciones de viajar arbitrarias con el fin de castigar, intimidar y silenciar a activistas y personas que defienden los derechos humanos, y a sus familiares.


Levantar todas las prohibiciones de viajar impuestas a quienes defienden los derechos humanos y activistas del país únicamente por sus actividades pacíficas, y respetar plenamente sus derechos a la libertad de circulación, de expresión, de reunión pacífica y de asociación.


Levantar las prohibiciones de viajar arbitrarias e ilegítimas impuestas a familiares de activistas, y respetar plenamente sus derechos a la libertad de circulación, de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

Introducir reformas a la Ley de Documentos de Viaje para garantizar que las prohibiciones de viajar emitidas por el Ministerio del Interior pueden ser impugnadas ante un tribunal de justicia.


Respetar y cumplir la Ley de Documentos de Viaje saudí promulgada en 2000, garantizando
que todas las prohibiciones de viajar se imponen con arreglo a la ley, mediante una resolución judicial bien fundada o una decisión del ministro del Interior o de la Presidencia de Seguridad del Estado, por razones concretas relativas a la seguridad y durante un periodo concreto,
y notificando a la persona afectada en un plazo no superior a una semana desde la fecha de emisión de dicha resolución o decisión.