Durante 50 años, el gobierno canadiense ha ignorado el devastador impacto de la contaminación por mercurio en la comunidad indígena de Grassy Narrows, en Ontario. Pero la gente joven de la comunidad se levanta para impedir que el gobierno siga dándoles la espalda.
“Es la crisis de salud más grave de Canadá, pero el gobierno quiere mantenerla en secreto. No se lo permitiremos”, dice Darwin Fobister, en la imagen a la orilla del río English en Grassy Narrows, una reserva de las Primeras Naciones en el oeste de Ontario. Darwin tiene 22 años y es una de las muchas personas jóvenes que han arrojado el guante al gobierno canadiense, reclamando justicia por una injusticia que se prolonga desde hace decenios y que ha asolado su comunidad. © Allan Lissner
En la década de 1960, el gobierno canadiense permitió que una fábrica de pasta de papel vertiera unas 10 toneladas de mercurio en el sistema fluvial English-Wabigoon. Los medios de vida, el sustento y la cultura de la población indígena anishinaabe de Grassy Narrows, que vive aguas abajo del lugar donde estuvo la fábrica, dependen del río. Debido al envenenamiento por mercurio de sus ríos y peces, sufre desde hace decenios graves problemas de salud. © Allan Lissner
“Tengo muchos problemas de salud que no debería tener a mi edad —dice Darwin—. Tengo problemas para hablar. Tengo trastornos del habla. Tengo dificultades de aprendizaje.” El envenenamiento por mercurio ataca el sistema nervioso y causa entumecimiento, problemas de coordinación, pérdida de visión, dificultades de aprendizaje, ansiedad y otros muchos problemas de salud. “Lo peor es que el gobierno conocía el envenenamiento desde hace decenios, pero prefirió ignorarlo —continúa Darwin—. Ha sido medio siglo de negación e inacción.” © Allan Lissner
Personas jóvenes y mayores se reúnen en el powwow estival de Grassy Narrows, agosto de 2019. El impacto de la contaminación por mercurio afecta a varias generaciones de miembros de la comunidad. Durante gran parte de los últimos cinco decenios, los gobiernos provincial y federal de Canadá han ocultado información esencial sobre la salud a la población de Grassy Narrows, han rehusado descontaminar la red fluvial, no han proporcionado asistencia médica especializada e incluso han negado que hubiera peligro de envenenamiento por mercurio. © Allan Lissner
Kenny (en primer término) y Janet M. (sentada en el barco) compiten en el torneo de pesca durante el powwow estival de Grassy Narrows. La comunidad ha tenido que trabajar arduamente para mantener vivas sus tradiciones a raíz de la contaminación por mercurio. “La pesca nos ha alimentado durante milenios —dice Darwin—. Tengo la impresión de que perdimos una gran parte de lo que éramos debido a ese vertido [de mercurio].” © Allan Lissner
El powwow estival es una manera de mantener conectada a la gente joven de Grassy Narrows con sus tradiciones, un aspecto vital para una comunidad a la que un gobierno negligente ha robado su salud y sus medios de vida. El 94% de los miembros de Grassy Narrows no recibe indemnización alguna por las graves repercusiones de la persistente crisis del mercurio. © Allan Lissner
En junio de 2019, más de 40 miembros de la comunidad de Grassy Narrows viajaron a 1.700 kilómetros de su comunidad para exigir que el gobierno cumpla su promesa de construir un centro asistencial para supervivientes del envenenamiento por mercurio. Desde 2012, la gente joven de Grassy Narrows celebra cada año una concentración para reclamar justicia por el mercurio. Hoy sus demandas de justicia han sido asumidas por personas de todo Canadá y de otros países. © Allan Lissner
En 2017, el gobierno de Ontario prometió financiar una limpieza del sistema fluvial y el gobierno de Canadá prometió construir un centro asistencial especializado en Grassy Narrows para apoyar a las personas que sufren envenenamiento por mercurio. Ninguna de estas promesas se ha cumplido. “Quiero que la gente joven tenga el mejor futuro posible —dice Darwin—. Mejor que nuestro futuro.” © Allan Lissner
Las personas jóvenes de Grassy Narrows siguen luchando por la justicia ambiental. Son uno de los 10 casos de activistas juveniles que este año protagonizan la campaña global anual de envío de cartas de Amnistía Internacional, Escribe por los Derechos. Infórmate acerca de su campaña y de qué puedes hacer para ayudar.