Quedan pocos meses para que las víctimas reciban por fin justicia y rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos.

La Comisión de la Verdad y la Dignidad (IVD) se creó en 2014 con la promesa de resolver cinco décadas de violaciones de derechos humanos en Túnez. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos esperan justicia del procesamiento de las personas responsables y el compromiso del gobierno de impedir abusos en el futuro.

Más de 62.000 víctimas de violaciones de derechos humanos han confiado en que la Comisión de la Verdad y la Dignidad haga justicia por crímenes que han permanecido impunes durante décadas. Así, en marzo de 2018, la Comisión empezó a remitir casos a las salas penales especializadas.

Sin embargo, desde que se creó este mecanismo, las autoridades tunecinas han tratado de obstruir su trabajo. Los organismos gubernamentales no permitieron a la Comisión acceder a los archivos policiales y militares, y el Parlamento amenazó con suspender el trabajo de esa instancia durante una votación muy controvertida.

Aunque el gobierno se ha comprometido recientemente a dar a la Comisión tiempo necesario para que finalice su trabajo, sigue sin haber garantías de que se celebren juicios independientes y transparentes sin obstrucciones ni presiones.