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Por qué el progreso de Gambia debería impulsar la abolición de la pena de muerte en África

De Sabrina Mahtani, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Occidental

No hace tanto, la abolición de la pena de muerte en Gambia parecía una quimera.

En agosto de 2012, durante el régimen del ex presidente Yahya Jammeh, fueron ejecutados nueve presos en una sola noche. No se avisó con antelación ni siquiera a sus familias o abogados, y la ONU calificó los homicidios de “arbitrarios”.

Casi la mitad de los 18 países de África occidental han abolido ya la pena de muerte.

Pero el mes pasado, en el 53o. aniversario de la independencia del país, el 18 de febrero, el presidente Adama Barrow anunció una moratoria oficial de las ejecuciones como paso hacia la abolición de la pena de muerte.
Con retraso, pero con decisión, Gambia se está alejando de este castigo cruel, inhumano y degradante. Casi la mitad de los 18 países de África occidental han abolido ya la pena de muerte.

Pero no todos los países avanzan respecto de la pena de muerte; lamentablemente, algunos retroceden.
En 2016, el ministro del Interior de Sierra Leona ordenó públicamente que se limpiara la horca y afirmó su apoyo a la pena de muerte, a pesar de que el ex fiscal general prometiera ante la ONU en 2014 que Sierra Leona iba a abolirla. En 2017, un informe del gobierno rechazó la recomendación de la Comisión de Revisión de la Constitución de abolir la pena de muerte.

Casos como éste ponen de relieve la necesidad de presionar a favor de la abolición de la pena capital en África. Las razones a favor de la abolición son múltiples. En primer lugar, no existen datos creíbles que demuestren que la pena de muerte disuada de cometer delitos. El profesor Jeffrey Fagan, en una publicación de la ONU de 2015, decía: “Sea el delito un asesinato, un delito de drogas o terrorismo, las pruebas científicas en favor de su efecto disuasorio son poco fiables, no concluyentes y, en muchos casos, simplemente erróneas”.

Además, la pena de muerte es a menudo discriminatoria y se utiliza de modo desproporcionado contra las personas pobres y las minorías. Con frecuencia, las personas ejecutadas no son sólo las que han cometido los peores delitos, sino las que son demasiado pobres para contratar los servicios de un buen abogado para que las defiendan o las que se enfrentan a fiscales o jueces especialmente duros.

Mi abogado dice que no puede trabajar si no tiene dinero.

Entre 2016 y 2017, Amnistía Internacional entrevistó a 107 personas condenadas a muerte de las 148 que había en Ghana. Aunque tres cuartas partes de ellas contaron con un abogado en el juicio, nombrado por el infradotado Programa de Asistencia Letrada Gratuita de Ghana, varias dijeron que sus abogados no habían asistido a todas las vistas y que no tuvieron tiempo suficiente para hablar con ellas. Algunas dijeron que sus abogados les habían pedido un pago por sus servicios.

“Mi abogado dice que no puede trabajar si no tiene dinero”, me dijo un hombre. Según el Servicio Penitenciario de Ghana, desde 2006, sólo 12 personas condenadas a muerte han recurrido su condena. La mitad de estos recursos habían prosperado. Sin embargo, la mayoría de las personas condenadas a la pena capital no sabía que tenía derecho a recurrir o cómo obtener asistencia letrada gratuita, y menos de la cuarta parte había recurrido.

Una mujer me contó que un abogado particular le había pedido 60 millones de cedis (más de 12.000 dólares estadounidenses) para presentar un recurso. Otro preso dijo que su recurso se había paralizado cuando su abogado pidió más dinero. La pena de muerte es irreversible y no deja ninguna posibilidad de rehabilitación del autor o autora del delito. Ningún sistema de justicia penal puede decidir de un modo imparcial, coherente e infalible quién debe vivir o morir. Nunca se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a inocentes.

Trabajé en un recurso presentado por la presa que lleva más tiempo en el corredor de la muerte de Sierra Leona. MK fue detenida por matar a su hijastra en 2003 y condenada a muerte en 2005. No tuvo asistencia letrada ni asesoramiento jurídico entre el momento de la detención y su juicio en 2005.

MK, que es analfabeta, firmó con la huella dactilar una confesión que después se usó durante su juicio. Al principio de este se le asignó un abogado defensor de oficio, y sólo pudo hablar con él de su caso tres veces y durante menos de 15 minutos cada vez.

Tras ser declarada culpable, no se le informó de que sólo tenía 21 días para recurrir. Además, su expediente no fue enviado a la oficina del presidente para ser sometido a otra revisión, tal como exige la ley.

MK estaba embarazada y sufrió un aborto mientras estaba en prisión. Un nuevo abogado contratado por la ONG local AdvocAid formuló un recurso ante el Tribunal de Apelación en 2008, pero fue rechazado por haberse presentado fuera de plazo.

Sin embargo, en noviembre de 2010, el Tribunal de Apelación accedió a estudiar de nuevo su caso. En marzo de 2011, el Tribunal de Apelación coincidió con los abogados de AdvocAid que representaban a MK en que las diversas irregularidades de procedimiento producidas durante el juicio de MK hacían que éste fuera nulo, revocó la declaración de culpabilidad de MK y ésta quedó en libertad después de seis años en el corredor de la muerte.

El 22 de mayo de 2017, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución sobre el derecho a la vida en África en la que insta a los países que han establecido una moratoria de las ejecuciones a que tomen medidas encaminadas a la abolición y a los demás países a que establezcan de inmediato una moratoria de las ejecuciones.

En África occidental, ningún país anglófono ha abolido aún la pena de muerte, y son los francófonos y los de habla portuguesa los que asumen el liderazgo. El anuncio del presidente Barrow ofrece la esperanza de que tal vez Gambia sea el primero.

La versión original de este artículo la publicó AFRICA PORTAL.