“Ha pasado demasiado tiempo”: A la espera de que se haga justicia en Hungría

De Todor Gardos

Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablé con Nadia. El sol de principios de octubre y la libertad de salir y disfrutar de él no hacen sino que resulte más duro realizar esta llamada. Para ella y para su esposo, las semanas pasan muy lentamente. El sol no es más que otra fuente de felicidad que les fue arrebatada. No hay novedades de nuestro lado, ni del suyo. “Estoy bien, las niñas están bien”, me cuenta cuando la llamo. “Sólo me preocupa Ahmed”, añade.

Ha pasado demasiado tiempo.
Nadia, esposa de Ahmed

Han pasado dos años desde que su esposo, Ahmed, fue detenido en Hungría. Las autoridades alegan que cometió “actos de terrorismo” durante unos disturbios en la frontera entre Hungría y Serbia, en septiembre de 2015. El procesamiento y el juicio contra él desafiaron el sentido común y las debidas garantías procesales. Fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión por un juez cuya sentencia fue posteriormente anulada en apelación.

La celebración de un nuevo juicio a finales de este mes es el rayo de esperanza al que se aferra una familia rota por un fiscal que actúa con exceso de celo y siguiendo las pautas de los mensajes políticos del gobierno; un gobierno que incriminó a Ahmed desde el primer día alegando que pertenecía a un grupo terrorista organizado que pretendía que los “inmigrantes ilegales” entraran por la fuerza en Hungría. El tribunal de apelación no aceptó ninguna de esas alegaciones.

Amnistía Internacional ha informado sobre el caso de Ahmed desde el comienzo del juicio, procurando siempre no poner en peligro la independencia de los tribunales. Pero, al mismo tiempo, hemos dejado claro que la acusación de terrorismo contra Ahmed constituía un uso indebido del Código Penal por parte de la fiscalía. Resulta inverosímil considerar “actos de terrorismo” el hecho de hablar con un megáfono y lanzar “tres objetos sólidos” a la policía. Sobre todo, en el contexto de unos disturbios en los que más de 300 personas migrantes tuvieron que ser atendidas por las lesiones infligidas por policías antidisturbios totalmente equipados que lanzaron botes de gas lacrimógeno y usaron un cañón de agua.

El gobierno ha invertido tanto tiempo y dinero en incriminar a Ahmed que incluso el sistema judicial más independiente del mundo tendría dificultades para garantizarle un juicio justo; el sistema judicial de Hungría está lejos de serlo. Ahmed no fue juzgado de manera justa inicialmente, y el gobierno tuvo mucho que ver en ello.

Durante los últimos dos años, el gobierno ha dejado claro que si eres una persona migrante o musulmana, debes permanecer fuera de Hungría. El primer ministro Orbán calificó de “terrorista” a Ahmed en el Parlamento de manera imprudente antes de que concluyera el juicio. Otros miembros del gobierno lo han “declarado culpable” públicamente, como si ellos, y no los tribunales, tuvieran el derecho de hacerlo.

El fomento de sentimientos xenófobos ha resultado increíblemente dañino para las personas húngaras y extranjeras por igual, y ha dado lugar a que Hungría se convierta en un lugar más opresivo durante los últimos años.

No obstante, debemos distinguir entre el gobierno y la gente. Aunque el gobierno ha emprendido su última “consulta nacional” —una encuesta realizada a los hogares en la que se difama a Amnistía Internacional y a Ahmed personalmente ante toda la población electoral—, tenemos fe en la solidaridad de la gente. De hecho, se está uniendo cada vez más al tiempo que la disparatada propaganda gubernamental cae aún más bajo.

En el aire de Budapest se respira rebeldía, una voluntad de anular el alarmismo y de luchar contra la injusticia a la que se enfrentan las personas más vulnerables. Todas las personas merecen justicia e imparcialidad, ya sea Ahmed, una familia refugiada recluida en la frontera o una mujer romaní a la que le quitaron a sus hijos por ser pobre.

Aunque nadie puede revertir el daño causado por la retórica y las políticas del gobierno, podemos trabajar conjuntamente para hacer realidad los derechos y la dignidad de todos.