La lucha por la tierra en El Porvenir

De Maeve McClenaghan London,

Primero de una serie de artículos en torno a diferentes comunidades de Colombia que hacen campaña para recuperar sus tierras.

Los postes eléctricos se alzan vigilantes pero inútiles, arrojando sus largas sombras sobre la red de caminos de tierra que componen la pequeña población de El Porvenir. Pese a que se instalaron hace meses, aún no se han conectado a la red eléctrica principal. Tampoco es que haya muchos vecinos que puedan quejarse: muchas de las casas de este pintoresco lugar están vacías; sus ocupantes, asustados, se han visto obligados a huir.

En lo profundo del bosque, a dos horas río arriba desde la ciudad más cercana, El Porvenir arrastra una difícil historia. Esta comunidad de campesinos ha trabajado la tierra y vivido de ella durante generaciones, pero aún lucha por obtener el acceso legal al territorio del que depende para el pasto de su ganado.

La historia de este lugar es compleja. En la década de 1960, un hombre llamado Víctor Machado reclamó la propiedad de la tierra. Con su aquiescencia, la comunidad siguió utilizando colectivamente la tierra hasta 1979, cuando Víctor Machado murió y, según parece, dejó parte de las tierras a los habitantes de El Porvenir. Sin embargo, en 1986 su viuda vendió las "mejoras" de partes de la tierra a Víctor Carranza, uno de los empresarios de esmeraldas más poderosos del país, sospechoso también de mantener estrechos vínculos con grupos paramilitares. Poco después de esa venta, comenzaron los homicidios y las desapariciones forzadas.

Alejandro* tiene 64 años, sus 10 hijos han nacido en El Porvenir, y fue uno de los primeros en asentarse en la zona. “Empezamos con muy pocos, como treinta personas”, explica. “Antes de que Carranza comprara, vivíamos sin miedo... Llegaron los paramilitares presionando a la gente [...] amenazas constantes".

Los grupos paramilitares se convirtieron en una presencia habitual en torno al pueblo. Finalmente, en septiembre de 1987, reunieron a la comunidad y mataron a 10 personas de una sola vez. Después de aquello, muchos residentes se marcharon.

Desde entonces se ha cuestionado en numerosas ocasiones la propiedad legítima de la tierra. A mediados de la década de 1990, INCORA, el organismo nacional encargado de la adjudicación de tierras de propiedad estatal, asignó 27 parcelas alrededor de El Porvenir a forasteros: personas que nunca habían formado parte de la comunidad pero que, al parecer, tenían vínculos con Víctor Carranza. Desde entonces, INCODER, sucesor del ya desaparecido INCORA, ha ordenado que se revoquen aquellos títulos de propiedad. Sin embargo, no ha devuelto la tierra a la comunidad de El Porvenir. Sus habitantes siguen aguardando a que quienes ocupan ilegalmente la tierra se marchen y a que se otorgue a la comunidad el título de propiedad.

Aunque ya no se ven paramilitares en la zona, sigue habiendo grupos armados sin identificar y muchas personas de la comunidad tienen miedo de que regresen. Antes del desplazamiento, en El Porvenir vivían casi 400 familias. Ahora sólo quedan 85.

Alejandro ha decidido quedarse, aunque muchos de sus hijos se han marchado. Al igual que la mayoría de los residentes, depende de la tierra para su supervivencia. Ahora trabaja cultivando maíz, plátanos y yuca para alimentar a su familia.

“Quiero trabajar”, dice enérgicamente, moviendo sus pies descalzos sobre la polvorienta tierra, "pero no tengo donde trabajar".

El conflicto armado de Colombia se ha caracterizado por los abusos generalizados y sistemáticos contra los derechos humanos y por las violaciones de las leyes que rigen los conflictos armados. Esas violaciones incluyen homicidios intencionales, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado, secuestros y delitos de violencia sexual. Sus autores han sido las fuerzas de seguridad y los paramilitares (actuando solos o en connivencia mutua), y también los grupos guerrilleros.

A consecuencia de ello, el país cuenta con uno de los índices de desplazamiento forzado más altos del mundo. Casi seis millones de personas se han visto desplazadas a causa del conflicto armado: el equivalente al 13 por ciento de la población total. Unos ocho millones de hectáreas de tierra han sido abandonadas o despojadas a consecuencia del conflicto.

En los últimos años se han promulgado nuevas leyes que han introducido métodos para que la gente pueda reclamar sus tierras. Una de esas leyes es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), que entró en vigor en 2012 pero que, hasta ahora, sólo ha dado lugar a la devolución de una pequeña parte de los ocho millones de hectáreas abandonadas o despojadas.

La comunidad de El Porvenir lucha ahora por conseguir el título legal de propiedad de la tierra mediante otra ley, la Ley 160, introducida en 1994. Sin embargo, los progresos son lentos, y el caso se ha quedado estancado por la combinación de la burocracia y la falta de voluntad política de las autoridades.

“Es fundamentalmente que necesitamos esta tierra por el desarrollo”, dice Miguel Briceño, líder de la comunidad. Él ha sido un elemento fundamental en los intentos de la comunidad por conseguir su derecho legal a la tierra. “No tenemos otra alternativa, no hay [otra manera de] desarrollar un futuro para nuestros hijos."

La vida en el pueblo se ha detenido. La escuela local, que atiende a 80 alumnos, sólo tiene dos empleados, y el abanico de materias que pueden enseñar es limitado: ninguno de ellos es profesor de matemáticas, por ejemplo.

“No hay profesores”, explica Rosa*, que lleva viviendo la mayor parte de sus 40 años en El Porvenir. Le preocupa que sus tres hijos no tengan la ayuda que necesitan. No hay profesores […] por falta de recursos, es por falta de plata y por esa situación de miedo y violencia.

Los profesores no son lo único que falta. En la escuela hay un aula llena de computadoras portátiles que están allí, acumulando polvo, porque no hay electricidad.

Cuando cae la noche, las ventanas de las pequeñas casas del pueblo parpadean con la luz de las velas, y resulta difícil ignorar los recuerdos del pasado.

“Es una cosa contarlo, pero vivirlo…”, dice Rosa. “Se queda el miedo que puede pasar otra vez.”

Y la amenaza de la violencia permanece.

“No hay seguridad”, dice Miguel. “Estamos aislados, muy solos. No tenemos una policía, estamos a dos horas del pueblo donde ellos han puesto el punto de seguridad. El proceso de tierras […] da miedo, que se teme.”
Para Miguel, el miedo y las amenazas continúan. Él es la voz de la comunidad, y sus reclamaciones de tierras lo han convertido en impopular en algunos ámbitos. Lleva años recibiendo llamadas telefónicas amenazadoras.

“Me amenazaron. Me llaman. La amenaza final dijeron que tenía que presentarme a un grupo de ellos. Pienso que son grupos armados, fuera de la ley”, dice.

Las amenazas han llegado a tal punto que Miguel ya no puede seguir viviendo en El Porvenir. En lugar de eso, vive en una ciudad cercana, y periódicamente realiza el largo viaje en barco para visitar a los miembros de su comunidad.

“He trabajado nueve años sobre esto [...] y creo que si va a pasar algo primero [será] a la cabeza. Ya estoy tan centrado en esto que [...]. Sí vivo con miedo, pero no puedo dejar el trabajo”, dice desafiante.

Mientras las autoridades, incluido INCODER, no aceleren el proceso para resolver las reclamaciones, la comunidad seguirá estando en un limbo.

“El marco jurídico para que comunidades como El Porvenir puedan reclamar sus tierras ya existe; el problema es la grave falta de voluntad política y energía por parte de los responsables de esa tarea", ha manifestado Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.

Al igual que los postes eléctricos que se alzan sobre el pueblo, la infraestructura existe, pero no hay energía. “El pueblo va camino de obtener lo que desea, las leyes existen, y la comunidad está dispuesta a trabajar. Ahora son las autoridades gubernamentales las que deben impulsar el proceso", ha manifestado Marcelo Pollack.

“Yo siempre he dicho que El Porvenir debe ser productivo [tener más cultivos], pero [...] no tenemos el espacio necesario. Este terreno nos pertenece a nosotros, llevamos más de 50 años trabajando ahí [...] Un campesino sin tierra no es nada", suspira Miguel.

*Nombres cambiados para proteger la identidad