Por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La desaparición, el 26 de septiembre pasado, de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, es una tragedia anunciada desde hace ya demasiado tiempo.
La participación de representantes del Estado en este crimen y la falta de actuación ante la abundante evidencia de la colusión entre las autoridades locales y el crimen organizado fueron algunos de los principales factores que causaron el horror que hoy están experimentado las víctimas y sus familiares.
Representantes de la Procuraduría General de la República confirmaron que los cuerpos encontrados en las primeras seis fosas no pertenecen a los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, lo que este trágico descubrimiento pone en evidencia es la negligencia con la que las autoridades mexicanas han tratado la ola de desapariciones que azota al país desde hace años.
Según cifras oficiales publicadas en agosto, todavía se desconoce el paradero de más de 22,000 personas “no localizadas” en todo México. Casi la mitad de ellas desaparecieron durante la administración del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Lee aquí la versión completa de esta nota de opinión, originalmente publicada en CNN en Español.