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Familias divididas en la República Dominicana

De Robin Guittard

Robin Guittard, encargado de campañas de Amnistía Internacional para el Caribe

Las normas sobre nacionalidad de la República Dominicana son una maraña de casillas y criterios, pero las consecuencias de la nueva legislación no han podido ser más duras para esta familia. Por un azar de la burocracia, dos de los tres hijos podrían tener la nacionalidad y sus beneficios, pero la tercera podría seguir perdida en el limbo de la apatridia.

Liliana Nuel y su familia. © Amnesty International

Conocí a la familia Nuel en marzo de 2014. Mientras tres niños de corta edad gateaban y balbuceaban a su alrededor, su madre, Liliana Nuel, me contó los sueños que tenía para ella y para su familia. Liliana sueña con estudiar Derecho en la universidad y tiene expectativas igual de grandes para sus tres bebés.

Pero harían falta serios conocimientos jurídicos para desenmarañar las complejas cuestiones que existen en torno a la nacionalidad oficial de esta pequeña familia. Los Nuel son de origen haitiano, lo que significa que sus derechos en la República Dominicana son precarios. Las nuevas normas impuestas por las autoridades han complicado aún más su situación en el país, y los últimos meses han sido una montaña rusa llena de vueltas y giros.

La primera de las complicaciones llegó en septiembre de 2013, cuando el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad judicial del país, anunció en su sentencia 168-13 que los hijos de migrantes en situación irregular nacidos en la República Dominicana entre 1929 y 2007 nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana y serían despojados de ella con efectos retroactivos.

Los cambios afectaron gravemente a las personas de origen haitiano, que de la noche a la mañana se convirtieron en apátridas. Esta palabra, que puede parecer efímera y burocrática, significa en realidad la negación de derechos humanos fundamentales como la educación, el acceso al mercado laboral, un seguro médico, la libertad para viajar y la posibilidad de inscribir el nacimiento de sus hijos.

Amnistía Internacional expresó en su momento la enorme preocupación que suscitaba la sentencia, y el gobierno respondió insistiendo en que no había nada erróneo. Según las autoridades, la situación actual es consecuencia de años de migración incontrolable procedente de Haití. También insistieron en que no era nada nuevo, que las normas para obtener la nacionalidad siempre habían sido las mismas.

Lo que el gobierno no mencionó es que desde la década de 1940 se había animado activamente a muchos de los migrantes haitianos que viven y crían a sus hijos en la República Dominicana a que vinieran al país mediante acuerdos bilaterales concebidos para conseguir mano de obra barata para las plantaciones de caña de azúcar. Del mismo modo, el gobierno se niega a reconocer que las normas para la obtención de la ciudadanía dominicana no cambiaron hasta que se promulgó la nueva Constitución, en 2010.

Cuando hablé con ella en marzo, Liliana afrontaba una auténtica crisis. Esta joven de 20 años había nacido en la provincia dominicana de Monte Plata de padres haitianos. Éstos hicieron todos los trámites para inscribir su nacimiento y Liliana obtuvo un certificado de nacimiento dominicano.

Las cosas fueron bien durante 18 años, pero en 2012, Liliana solicitó una cédula de identidad y se la denegaron. La oficina del registro civil explicó que no podía obtener la cédula porque “sus padres eran haitianos”.

Sin la cédula, Liliana no ha podido inscribir el nacimiento de sus tres hijos, nacidos en 2010, 2012 y 2014. Tampoco podrá matricularse en la universidad. Y la sentencia de septiembre del Tribunal Constitucional infligió otro golpe a sus sueños.

No obstante, hubo un pequeño avance hace poco. O al menos eso parecía al principio.

Tras meses de críticas locales e internacionales, la República Dominicana cedió en algunas de las cuestiones en torno a la nacionalidad.

En mayo de este año, el Congreso dominicano aprobó por unanimidad la ley 169/14, en la que se crearon dos categorías de personas: aquellas que en algún momento estuvieron inscritas en el registro civil dominicano y aquellas cuyo nacimiento nunca fue declarado. Las personas del primer grupo tienen ahora la posibilidad de que se les restituya plenamente la nacionalidad dominicana en un trámite rápido: un paso positivo hacia delante.

Sin embargo, las personas del segundo grupo serán consideradas extranjeras y tendrán que solicitar la nacionalidad dominicana partiendo de cero.

Para las familias como la Nuel, la ley tiene ventajas e inconvenientes. Es una buena noticia para Liliana, a quien pronto se le restituirá la nacionalidad dominicana y se le darán documentos de identidad. ¿Pero qué va a pasar con sus hijos?

La respuesta es complicada y revela toda la arbitrariedad que sigue caracterizando las prácticas dominicanas y su carácter discriminatorio y divisorio.

En 2010, cuando nació María Luisa, la hija mayor de Liliana, el hospital le dio una prueba de nacimiento de color rosa que indica que es considerada extranjera. La entrega de estos documentos no sigue ningún criterio establecido. En las numerosas entrevistas que hice, me contaron muchas veces la misma historia: el personal del hospital suele basar sus decisiones en hasta qué punto suenan franceses los nombres de los padres o en la oscuridad de su piel.

Pero al hermano y la hermana menores de María Luisa, nacidos en otro hospital en 2012 y 2014, les dieron pruebas de nacimiento de color blanco, el reservado para los bebés considerados dominicanos.

La familia Nuel podría vivir pronto una pesadilla kafkiana.

Aunque los tres niños nacieron en la misma provincia y su madre ha vivido toda su vida en la República Dominicana, el mero color de un papel hace que una niña pueda ser apátrida, mientras que sus dos hermanos tienen acceso a la nacionalidad dominicana.

“Ahora no se si la van a aceptar (la hija) en la escuela porque no tiene acta y eso lo piden de una vez”, me dijo Liliana.

Ya se ha prolongado demasiado la confusión. La República Dominicana no puede seguir eludiendo la responsabilidad de una situación que han creado sus propias autoridades. Todas las familias tienen derecho a ser protegidas y el Estado dominicano debe explicar ahora cómo va a resolver situaciones como la de Liliana.

No hay duda de que el gobierno ha dado un primer paso positivo, pero éste ha de ir seguido del pleno reconocimiento de la nacionalidad dominicana de todas las personas que hayan nacido en el país antes de 2010, estén inscritas o no en el registro civil. Según el derecho internacional, la República Dominicana tiene la obligación de evitar cualquier caso de apatridia.

Conforme se acerca el comienzo del nuevo curso escolar el mes que viene, sólo cabe esperar que el gobierno corrija estos errores cuanto antes, para que la pequeña María Luisa pueda ser inscrita y empezar la escuela con todos los demás niños y niñas dominicanos de su edad.

Nota: Este texto se publicó originalmente en el Huffington Post el 16 de julio de 2014