Por Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía
El lunes, 21 de abril, fui a los juzgados para oír directamente la absurda decisión de continuar con el procesamiento de 29 hombres y mujeres jóvenes en el marco de lo que se ha dado en llamar el “juicio de Twitter”.
La acusación –basada únicamente en tuits sobre las manifestaciones del parque Gezi del verano pasado– constituye un atentado contra el derecho a compartir información y opiniones a través de las redes sociales. El juicio, que jamás debería haberse iniciado, va a seguir adelante y se ha fijado ya su tercera vista para el 14 de julio.
#izmirtwittercase recalls “nonsense” cases of the past that had mostly been confined to the rubbish bin of history #dropthecharges
— Andrew Gardner (@andrewegardner) 21 de abril de 2014
El hecho de que esta farsa siga adelante dice mucho sobre el lamentable estado de la libertad de expresión en Turquía y la intolerancia extrema de las autoridades con la opiniones disidentes. La vista no fue muy positiva. El tribunal decidió que el primer ministro, que participa en la causa en calidad de “víctima”, tiene derecho a intervenir en tanto que parte perjudicada. No obstante, consideró que no debía ser llamado a declarar.
Defence lawyers explain their demands in the hearing inc “PM should come to the court and explain why he is a victim” pic.twitter.com/xuLsRyGOVe
— Andrew Gardner (@andrewegardner) 21 de abril de 2014
En cambio, todas las personas acusadas, salvo una, han hecho ya declaraciones ante el tribunal, que ha dictado orden de detención contra la que falta.
Una de las personas acusadas dijo ante el tribunal: “No hacía más que compartir información sobre la violencia policial. Es sorprendente y lamentable que esté aquí, ante el tribunal, porque se han formulado cargos contra mí.”
La marcha de este juicio manifiestamente político –en el que el primer ministro es parte– es cada vez más preocupante. Se celebra en un momento en que el gobierno ha hecho esfuerzos sin precedentes por controlar el poder judicial y se ha opuesto al uso de las redes sociales.
Tras el cierre de Twitter en Turquía durante 14 días –del 20 de marzo al 3 de abril–, se han sucedido los ataques y las amenazas de futuros cierres por parte del gobierno. YouTube sigue bloqueado, pese a haberse dictado una orden judicial para que se levante la prohibición.
La más reciente muestra de ello ha sido una demanda particular del primer ministro ante el Tribunal Constitucional de Turquía, en la que reclama una indemnización de 50.000 liras (unos 17.000 euros) porque se violaron sus derechos en Twitter.
El proceso continúa, y también el llamamiento a nuestros activistas y simpatizantes de todo el mundo: sigan defendiendo el derecho de las personas a expresar sus opiniones pacíficamente, sin sufrir el hostigamiento del gobierno ni ser procesadas.