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Asedio a los medios de comunicación de Pakistán

Mustafa Qadri, investigador de Amnistía Internacional sobre Pakistán

Al menos 34 periodistas paquistaníes han perdido la vida debido a su labor informativa desde que se restableció la democracia en 2008. Únicamente en un caso han comparecido los responsables ante la justicia. Sólo este año, cinco periodistas han sido víctimas de homicidio y varias decenas más han sido amenazados de muerte o secuestrados y torturados, o han sobrevivido a intentos de asesinato.

Raza Rumi está entre las víctimas de ataques. Destacado comentarista de asuntos de derechos humanos, se puso en contacto con Amnistía Internacional el 27 de marzo para informar a la organización de que su nombre figuraba en una lista negra de los talibanes. “No estoy seguro de si es verdad o sólo es un intento de silenciarme –dijo–, pero estoy muy preocupado.”

Al día siguiente, dos hombres armados abrieron fuego contra el automóvil de Rumi cuando se dirigía a casa tras salir del estudio desde donde se emite su programa de televisión semanal en Lahore. Intentó ponerse a salvo de la lluvia de balas en la parte trasera del vehículo y milagrosamente sólo sufrió heridas leves. Su conductor, Muhammad Hussain, resultó muerto, y su guardaespaldas, Anwar Hussain, quedó paralítico.

Los medios de comunicación de Pakistán están siendo asfixiados por agentes políticos estatales y no estatales enfrentados entre sí. Como pone de relieve Amnistía Internacional en el nuevo informe que ha publicado hoy, periodistas de todo el país viven a diario bajo la amenaza del hostigamiento, el secuestro, la tortura o el asesinato. Quienes se dedican a informar sobre asuntos delicados de seguridad nacional y derechos humanos están especialmente expuestos a la acción de los servicios de inteligencia, partidos políticos y grupos armados como los talibanes.

Los ataques contra los medios de comunicación no son una novedad en Pakistán. Pero los acontecimientos de las últimas semanas han hecho que la crisis del periodismo en el país cobre protagonismo. El 19 de abril, unos hombres armados intentaron asesinar a Hamid Mir, popular presentador de informativos del canal privado de televisión más grande del país, GeoTV. El canal acusó a los Servicios de Inteligencia (ISI), la temida agencia de espionaje militar, de estar detrás de los disparos contra Hamid Mir.

El ISI ha negado toda participación en los hechos, y el gobierno por su parte ha dado pasos para cerrar GeoTV. El pulso actual es un escalofriante recordatorio de la amenaza de censura siempre presente que se cierne tanto sobre las empresas de medios de comunicación como sobre periodistas individuales.

Las acusaciones de GeoTV contra el ISI deben tomarse en serio; sólo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente revelará quiénes atacaron a Hamid Mir. Decenas de periodistas se han puesto igualmente en contacto con Amnistía Internacional para denunciar actos de hostigamiento y abusos que atribuyen al servicio de inteligencia más poderoso de Pakistán. La mayoría se negó a contar públicamente su difícil situación por miedo a perder su vida y a sus seres queridos.

Nuestra investigación revela un patrón inequívoco de hostigamiento a los periodistas por parte del ISI, que empieza con llamadas telefónicas amenazadoras de los agentes del servicio. Quienes perseveran en informar sobre asuntos delicados como las presuntas conexiones entre el ejército y los talibanes terminan por sufrir hostigamiento, secuestro y tortura y otros malos tratos. A algunos han llegado a matarlos. De manera aislada, estos casos pueden parecer comunes pero, todos juntos, los abundantes testimonios que hemos recogido ponen de manifiesto un planteamiento metódico y un conocimiento profundo de los destinatarios de las acciones, y no hay un rincón del país que sea seguro para las víctimas. Los militares niegan estas acusaciones, pero sólo una investigación independiente e imparcial sobre el ISI puede establecer la verdad.

Otro problema grave es el grado de presión que ejercen poderosos agentes políticos sobre los periodistas para que informen favorablemente sobre ellos. En la inestable situación política de Karachi, centro empresarial de Pakistán, los periodistas viven bajo la amenaza constante de sufrir abusos a manos de los talibanes, grupos religiosos sectarios y partidos políticos como el Movimiento Muttahida Qaumi. Tales grupos han hecho de todo para evitar la difusión de información negativa, desde cortar cables de emisión hasta incitar a la violencia o matar a periodistas.

En las Zonas Tribales, los talibanes y grupos asociados a Al Qaeda actúan por encima de la ley. Un periodista relató su reclusión y tortura durante dos meses por un grupo vinculado a Al Qaeda por ser sospechoso de espiar para el programa de aviones no tripulados (drones) de Estados Unidos. Sostuvo su inocencia durante un doloroso ritual diario de tortura y finalmente fue puesto en libertad. Posteriormente, uno de sus torturadores se limitó a explicarlo así: “Lo sentimos, cometimos un error”.

Sólo unos pocos de los 74 casos investigados por Amnistía Internacional han dado lugar a procesamientos, y sólo se han dictado fallos condenatorios en dos de ellos. Esta falta de acción indica que los agentes poderosos son libres de acallar a los medios de comunicación mediante la violencia. Esto, a su vez, ha tenido efectos disuasorios sobre la libertad de expresión y la capacidad de la sociedad para debatir abiertamente los asuntos políticos y sociales, ya que los periodistas ejercen cada vez más la autocensura para evitar sufrir abusos.

Sólo la adopción inmediata de medidas dirigidas a abordar la impunidad puede detener la marea de abusos. El gobierno de Pakistán debe empezar por garantizar el procesamiento de todos los perpetradores –con independencia de sus filiaciones políticas– en todos los casos, incluidos los intentos de asesinato contra Hamid Mir y Raza Rumi, de gran repercusión.

Las empresas de comunicación deben asimismo proporcionar formación, asistencia y apoyo adecuados a su personal y no socavar las iniciativas de empresas rivales para reclamar justicia para sus periodistas. Sin estas medidas urgentes, existe el grave peligro de que se intimide a más periodistas para que guarden silencio.

Nota: Publicado originalmente como artículo de opinión en The Wall Street Journal