Por Horia Mosadiq, investigadora de Amnistía Internacional sobre Afganistán, @Hmosadiq
Regresé de Afganistán el martes, tras un viaje de investigación de tres semanas en el que vi lo mejor y lo peor del país. El 20 de marzo de madrugada estaba en Jalalabad, oyendo las explosiones producidas por un ataque talibán contra una comisaría de policía. Por la noche regresé a Kabul, y no tuve más recibimiento que el despreciable ataque talibán al hotel Serena, que mató al periodista de AFP Sardar Ahmad y a la mayor parte de su joven familia, entre otras personas.
Pero también vi una esperanza y un entusiasmo sin precedentes ante las elecciones del sábado, cuando millones de afganos acudirán a las urnas para elegir a un nuevo presidente.
En la provincia occidental de Herat asistí a un mitin de uno de los principales candidatos, Ashraf Ghani, junto con miles de personas más. Los otros ocho candidatos han estado recorriendo el país durante las últimas semanas y ha recibido la misma bienvenida entusiasta en todas partes. Un dato interesante es que, ha sido en realidad en algunas de las provincias asoladas por el conflicto, como Paktia, Jost, Helmand y Kunduz, donde más multitudinaria ha sido su acogida, con centenares de miles de personas a veces.
La campaña electoral de este año es la más seria que he visto en comparación con cualquiera de las cuatro elecciones celebradas en Afganistán desde 2001. Aunque cabe afirmar que no se han ocupado mucho de especificar sus políticas, los candidatos se han visto obligados a ser más accesibles, rendir cuentas en mayor medida y actuar con más transparencia que nunca. Hay que reconocer que su conducta ha marcado la pauta de una campaña profesional y respetuosa.
Los medios de comunicación afganos han desempeñado una importante función. La mayor red privada de televisión, ToloTV, ha organizado por primera vez interesantes debates televisados entre candidatos. Los centenares de medios impresos y de radiotelevisión del país no han dejado de informar del proceso electoral, y los periodistas no se han abstenido, en general, de plantear las preguntas difíciles. En el entorno afgano de las redes sociales, que crece continuamente, no se ha hablado más que de las elecciones durante las últimas semanas –hasta el punto de que no he tenido más más remedio que inscribirme finalmente en Twitter.
También ha sido alentador ver cómo aborda la juventud afgana las elecciones. Gran número de jóvenes siguen de cerca a los candidatos, escuchan sus plataformas y campañas y hablan en ellas para llevar luego el debate a las redes sociales. Este optimismo es palpable: sólo en las últimas semanas, millares de jóvenes más han hecho cola en las oficinas del censo electoral para recoger sus tarjetas de votante.
Como era de esperar, los talibanes han intentado interrumpir el proceso electoral. Tras una declaración en la que animan a agredir a toda persona que se atreva a ir a votar, han efectuado una oleada de impactantes ataques que han afectado especialmente a la población civil, entre ellos el llevado a cabo contra la sede de la comisión electoral, en Kabul, el 29 de marzo. Sin embargo, ni los candidatos ni la sociedad en general ha respondido a tales ataques con actitudes de indignación o condena. El mensaje es evidente: el pueblo afgano no permitirá que la amenaza de violencia le impida determinar su futuro. Los disparos efectuados esta mañana por un agente de policía afgano contra dos periodistas occidentales de Associated Press en la provincia de Jost son un discordante recordatorio, el más reciente, de esta amenaza.
Sin duda quedan muchos retos que superar. Hoy, Amnistía Internacional ha publicado un documento de evaluación de la actuación del gobierno de Karzai en cuestiones clave de derechos humanos. A pesar de algunos logros indudables, gran parte de ella no es muy positiva: la nueva administración debe ocuparse realmente de los derechos humanos y no tratarlos como un asunto de segunda categoría.
Hay también dudas con respecto al historial de algunos de los candidatos. Muchos están acusados de graves abusos contra los derechos humanos, cometidos durante los decenios de conflicto de Afganistán, y, si son elegidos, podrían estar en condiciones de influir en el proceso que pueda iniciarse para llevarlos ante la justicia. La rendición de cuentas es decisiva en toda sociedad en situación de posconflicto, y los altos cargos del Estado también han de rendir cuentas por su sangriento pasado.
Pero a pesar de los retos que se plantean, la sociedad afgana se ha unido para mostrar lo mejor de su país durante las últimas semanas. He hablado con Haji Gul Agha, líder comunitario de la provincia de Nangarhar, y me ha dicho: “Cuanto más intentan los talibanes intimidarnos con violencia, más determinados estamos a demostrarles que no tenemos miedo.” La esperanza que se deja sentir hoy en Afganistán es muy real; ayudemos a conseguir que se cumpla.