El caótico comienzo del juicio a unos policías por la muerte de un manifestante en el parque Gezi, presagio de que tardará en hacerse justicia

De Andrew Gardner

Hoy fue un día especial en Turquía. El caso ha estado plagado de obstáculos.

Mientras aguardaba sentado en la atestada sala del tribunal, en la ciudad de Kayseri, dispuesto a asistir a la primera sesión del juicio a cuatro policías y cuatro civiles acusados de la muerte de un manifestante este verano, me di cuenta de repente de lo extraordinario que resulta el mero hecho de que este juicio se esté celebrando.

El estudiante de 19 años Ali Ismail Korkmaz fue brutalmente golpeado la noche del 2 de junio de 2013. A pesar de que en las protestas del parque Gezi la policía hirió a miles de manifestantes, hasta ahora sólo un puñado de agentes han comparecido ante los tribunales.

El juicio de hoy se celebra a pesar de que los policías intentaron ocultar lo que habían hecho y que las autoridades bloquearon toda posibilidad de investigarlo de forma eficaz.

El ocultamiento comenzó la misma noche del homicidio.

Hay pruebas de que los cuatro agentes acusados, que pertenecían a una unidad antiterrorista y actuaban sin uniforme ni indicativo alguno que permitiera identificarlos, dirigían a cuatro civiles armados.

Esta misma táctica, que hace muy difícil la identificación de los responsables, se utilizó en otros lugares de Turquía.

Tras la agresión, el gobernador de Eskisehir declaró a la prensa que la policía no estaba implicada en el incidente y que Ali Ismail Korkmaz había sido golpeado “por sus amigos”. Las imágenes de una cámara de circuito cerrado de televisión fueron eliminadas en los días posteriores al incidente.

Esta grabación fue recuperada más tarde por expertos de la Gendarmería a petición de la Fiscalía, y es una de las pruebas clave de la acusación.

A pesar de todos los obstáculos, el fiscal del Estado incoó la causa el 9 de septiembre. Sin embargo, el gobernador de Eskisehir afirmó que la celebración del juicio en la ciudad planteaba problemas de seguridad. El 12 de noviembre, el Tribunal Supremo de Apelación determinó que las sesiones debían tener lugar en otra ciudad del centro de Anatolia, Kayseri.

El día no empezó bien. Los informativos matinales se habían hecho eco de la prohibición del gobernador de Kayseri de cualquier manifestación relacionada con el juicio que estaba a punto de comenzar en la ciudad, para el que se había montado un dispositivo de 2.000 policías antidisturbios, con refuerzos llegados de ciudades vecinas. La policía paraba a los autobuses con manifestantes que se dirigían a la ciudad.

Mientras aguardábamos a que comenzara la sesión, la policía cerró las calles colindantes y una tensa atmósfera se adueñó de la zona. Nos las arreglamos para atravesar la primera barrera de seguridad y acercarnos a la entrada del palacio de justicia, custodiada por unos policías que nos impidieron pasar alegando que necesitaban la autorización del presidente del tribunal. Les dijimos que se trataba de una audiencia pública y que éramos observadores de Amnistía Internacional, y al final nos dejaron entrar.

En la abarrotada sala el ambiente era caótico. Decenas de abogados representantes de la familia Korkmaz se disputaban el espacio con periodistas, familiares y simpatizantes.

Los micrófonos no funcionaban y los que estaban en las últimas filas no oían. En la sala no cabía un alfiler: había gente de pie y fuera quedaban más personas que no habían podido entrar.

La sesión comenzó con las declaraciones de los abogados de la familia. Después, los acusados confirmaron sus nombres y datos personales. La desesperación dio paso a la ira cuando estalló una refriega entre los abogados y un hombre vestido de civil que afirmaba ser de la Gendarmería.

“¡Tiene una pistola!”, gritó uno de los abogados, y la policía sacó de la sala a dos hombres. Reinaba la confusión.

Tras la pausa, los micrófonos ya funcionaban y el fiscal leyó el acta de acusación, donde se daban detalles de las lesiones en la cabeza que había sufrido Ali Ismail Korkmaz y la hemorragia cerebral que había causado su muerte.

El fiscal leyó la declaración que la policía había tomado a Ali al día siguiente de la agresión: “Se me vinieron encima cinco o seis personas que me golpearon con porras en la cabeza, la espalda, los hombros y las piernas. Me caí al suelo [...]. Ayer no me costaba hablar, pero hoy no me acuerdo. Tengo un diente que se me mueve a raíz del incidente. Me duele la cabeza y me cuesta hablar. No sé quién me pegó ni por qué. Los que lo hicieron vestían de civil. Quiero presentar una denuncia”.

Tras esta declaración, Ali ingresó en el hospital, donde entró en coma y murió el 10 de julio de 2013.

A los ocho acusados de participar en la agresión se les imputan delitos que van desde homicidio intencional (punible con cadena perpetua) hasta colaboración en agresión.

Tras la lectura del acta de acusación, el tribunal fijó un receso para almorzar. El juicio se presenta largo. Probablemente pasarán muchos meses antes de que se llegue a un veredicto inicial, y es posible que transcurran años hasta que se dicte la sentencia definitiva. La sala se fue vaciando con el ruido de fondo de la manifestación que tenía lugar en la calle, hacia donde se dirigieron agentes antidisturbios armados con gas lacrimógeno.