Saber Hossain Chowdhury es un parlamentario que lleva casi una década luchando por la introducción de esta ley. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en 2002, cuando fue detenido por su activismo político; durante esa detención, Saber Hossain Chowdhury experimentó y presenció de primera mano el trato que se infligía a las personas bajo custodia
¿Qué le motivó a luchar por esta ley?
Debemos remontarnos a 2002, cuando fui detenido y sometido a periodos de privación de libertad. Querían destruirme, mental y físicamente, pero yo les planté cara, y me negué a rendirme.
Mi propia experiencia bajo custodia me abrió los ojos, y me expuso a los horrores que muchas personas en Bangladesh tienen que soportar. Por ejemplo, un periodista falsamente implicado en mi caso fue sometido también a brutales torturas bajo custodia. Le apuntaron con un arma a la cabeza y lo golpearon con tal brutalidad que estuvo semanas sin poder apenas caminar a causa de las lesiones. Hablé con otros presos que habían sido torturados y obligados a hacer confesiones, y me di cuenta de lo injusto e inadecuado que era nuestro sistema de justicia.
Por fortuna, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos asumieron mi caso, y finalmente fui excarcelado cuando el Tribunal Superior declaró que mi detención era ilegal.
Gracias a mi identidad y mi perfil político, mi caso recibió cobertura nacional e internacional. Pero, ¿qué hay de los miles de ciudadanos normales cuyas terribles y deshumanizadoras experiencias pasan desapercibidas, sin que nadie les plante cara, un día sí y otro no?
En mi situación, tenía dos opciones: buscar una doble venganza cuando cambiaran las tornas políticas, o tratar de cambiar el sistema para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Por tanto, inmediatamente después de mi excarcelación a finales de 2002, empecé a explorar y estudiar posibles legislaciones que garantizaran la protección frente a la tortura y las muertes bajo custodia.
¿Cómo surgió la ley? ¿Fue una lucha titánica?
Tras ser reelegido para el Parlamento en 2008, una de mis primeras tareas fue presentar un proyecto de ley para prohibir la tortura y las muertes bajo custodia. Recibí el apoyo y los ánimos de muchos órganos de derechos humanos tanto de dentro como de fuera de Bangladesh, pero la redacción del proyecto fue muy problemática.
Para empezar, en Bangladesh había mucha gente que aceptaba la tortura bajo custodia por considerarla algo normal, y que parecía resignada a esa situación. No creían que se pudiera hacer gran cosa, dado que cualquiera que fuera el partido en el gobierno consideraría que la tortura era una herramienta indispensable contra sus detractores políticos. Puesto que el acceso a la justicia sigue siendo sumamente difícil en el país para los ciudadanos corrientes, la cuestión inicial era despolitizar la agenda y poner el énfasis en los derechos de nuestros ciudadanos, de acuerdo con la Constitución. Por ejemplo, ¿cómo vamos a tener un Estado de derecho y un predominio de la democracia en Bangladesh si se puede seguir torturando a los ciudadanos para que hagan una confesión?
Recibí un fuerte apoyo de los medios de comunicación locales y de grupos de derechos humanos tanto bangladeshíes como internacionales, y, lo más importante, contaba con apoyo político y parlamentario. Una vez que mi proyecto de ley se presentó y pasó su examen ante el comité correspondiente, se generó más apoyo y más impulso; la semana pasada, el proyecto fue promulgado como ley, e inmediatamente después recibió la confirmación del presidente.
¿Qué dificultades quedan ahora por delante?
Una ley sólo es buena en la medida en que se aplique. Ahí es donde reside la dificultad, y la primera tarea es elaborar una hoja de ruta. Se necesita una concienciación general: la opinión pública debe saber que ahora cuenta con esta protección legal frente a la tortura y que puede pedir rendición de cuentas y justicia; el poder judicial debe ser informado, los abogados deben recibir formación, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben conocer sus responsabilidades… Es una tarea inmensa.
Las dificultades son enormes, pero esta única ley tiene el potencial de transformar Bangladesh y convertirlo en un lugar mejor y más seguro. Ahora que ya disponemos de la ley, tenemos una oportunidad única de institucionalizar el Estado de derecho.
Confío también en que esta ley impulsará la acción regional. Bangladesh ha tomado la iniciativa sobre esta cuestión, y confiamos en que inspirará a seguir nuestro ejemplo a otros países de Asia meridional con problemas similares. Ya ha habido activistas de esos países que se han puesto en contacto conmigo.
La pena máxima por violar esta ley es la cadena perpetua. Amnistía Internacional observa con satisfacción que la ley no contempla como castigo la pena de muerte. ¿Fue una elección deliberada?
Sí, fue una elección muy deliberada y, al tratarse de un proyecto de ley presentado por un diputado particular, yo podía promover esta idea personal mía. Toda vida humana es sagrada, y no comparto la opinión de que el Estado debe tener derecho a arrebatarla. El arrebatar una vida supone una negación de todos los derechos humanos que defendemos y promovemos y por los que luchamos. Por ello, considero que ésta es una ley progresista, aunque, en lo relativo a la pena de muerte, va en contra de la jurisprudencia imperante en Bangladesh.