Por Magdalena Mughrabi, investigadora de Amnistía Internacional sobre Libia
Las Naciones Unidas han publicado un Nuevo informe sobre tortura y otros malos tratos en Libia que debería ser una señal de alarma para las autoridades libias. Se ofrecen en él detalles de 11 casos de detenidos que, según los indicios, murieron bajo tortura en 2013, y se mencionan otros 16 similares de 2011 y 2012.
El informe contiene datos de detenidos que fueron violados con objetos como palos o botellas, colgados bocabajo y golpeados durante horas, electrocutados o quemados con cigarrillos o metales calientes. Se describe en él cómo se mantiene a los detenidos en condiciones inhumanas: unos se ven obligados a dormir sobre orina o heces y a beber su propia orina para sobrevivir, mientras que a otros los tienen hasta 20 días desnudos y sin colchón ni mantas. Estos métodos, así como las palizas generalizadas con látigos, cables, mangueras de plástico, cadenas, barras de metal y palos, son bien conocidos ya tras las visitas de Amnistía Internacional a prisiones de toda Libia, administradas tanto por el Estado como por milicias
Los centros de detención son el lado malo del levantamiento de Libia. Siempre respiro hondo antes de comenzar la visita a alguno de ellos en nombre de Amnistía Internacional, sin saber nunca muy bien qué esperar. Entre septiembre de 2011 y julio de 2012, la organización documentó 20 casos de muerte bajo custodia, respaldados por historiales médicos e informes forenses. Aunque el trato que se dispensa a los detenidos ha mejorado considerablemente en algunos centros desde entonces, en otros la tortura sigue siendo generalizada o sistemática, especialmente durante los primeros días de detención.
Nunca olvidaré lo que me contaron el mes pasado un grupo de detenidos trasladados hacía poco desde una prisión administrada por las milicias. Explicaron lo que les hacían si no respetaban la prohibición de comunicarse unos con otros, impuesta por las milicias en la prisión. Los castigaban obligándolos a permanecer de pie, de cara a la pared, sin poder moverse más que para ir brevemente al retrete. Me contaron que les hacían hacer flexiones o revolcarse en el suelo mientras les daban patadas y golpes con barras metálicas, cables o mangueras, o los tenían hasta 24 horas colgados de las manos. Dos detenidos me dijeron que los habían obligado a comerse sus propios vómitos tras haber devuelto todo el alimento a causa del agotamiento físico.
Otros me contaron que habían estado recluidos en régimen de aislamiento durante semanas, en algunos casos hasta 74 días, en celdas de un metro cuadro, sin espacio suficiente más que para estar sentados con las piernas cruzadas. Al no tener acceso directo al retrete, tenían que orinar en botellas de plástico, y sólo les daban una comida al día. A veces, los guardias entraban en las celdas y los golpeaban en la cabeza.
A un hombre de 68 años, lo habían tenido colgado boca abajo de un árbol durante alrededor de 40 minutos, mientras un guardia lo golpeada en el estómago con un palo. Tal fue el trato que recibió tras haber sido detenido por una milicia dependiente del Comité Supremo de Seguridad, coalición de grupos armados afines al Ministerio del Interior. Después lo obligaron a caminar de rodillas, mientras los guardias continuaban golpeándolo con las culatas de los fusiles hasta hacerle perder el conocimiento.
Siento siempre alivio cuando las autoridades de los centros de detención aceptan el permiso concedido por el Ministerio de Justicia a Amnistía Internacional y no tenemos que seguir luchando para que nos dejen entrar. También es buena señal, una vez dentro, que haya una administración en regla, que el hombre que se presenta como director esté reconocido como tal por los guardias y los detenidos. Porque, como se explica en el informe de la ONU, no siempre es así.
Desde 2012, las autoridades libias mantienen un proceso de negociación de la entrega de las personas capturadas durante y después del conflicto por las milicias que se formaron en todo el país para combatir contra el coronel Gadafi, en el marco de una estrategia más general destinada a establecer el Estado de derecho. Con tal fin, han integrado a los miembros de las milicias en los ministerios de Justicia, Defensa o Interior, pero al hacerlo no han impartido la formación necesaria sobre cómo tratar a los detenidos ni han investigado los antecedentes de los ex combatientes para asegurarse de que ningún individuo sospechoso de haber cometido delitos de derecho internacional es admitido en las instituciones del Estado.
Aunque el Ministerio de Justicia afirma que controla ya unas 37 prisiones, con un total de 6.400 reclusos, en el informe de la ONU se señala que, en muchos casos, tal control es sólo nominal. Las milicias conservan su cadena de mando y raras veces acatan las órdenes del gobierno o de la policía judicial, que es la encargada, en teoría, de la gestión diaria de las prisiones. Hay 4.000 personas más bajo custodia de la policía militar, el Comité Supremo de Seguridad y el Departamento de Lucha contra la Delincuencia, donde se han incorporado igualmente ex combatientes, pero también bajo custodia de milicias que se niegan a disolverse e integrarse en las instituciones del Estado. Estas milicias continúan recluyendo y torturando a las personas bajo su custodia en lugares de detención no oficiales, como apartamentos privados, edificios administrativos y granjas.
En la Libia de Gadafi, la tortura era una política de Estado. Desde el final del conflicto, los sucesivos gobiernos han dicho que con ellos no va a ser así. Han expresado su compromiso de hacer valer los derechos humanos en Libia y han domado diversas medidas, e incluso aprobado leyes, para abordar los abusos, en particular la tortura y las desapariciones forzadas. Pero mientras continúa el traspaso de los centros de detención, sin muchos cambios sobre el terreno, se corre el riesgo de que se cometan delitos en nombre del Estado y de que, como se señala en el informe de la ONU, se institucionalice la tortura.
Hacen falta aún más medidas para garantizar que el proceso de desmovilización, desarme y reintegración está basado en los principios de derechos humanos y que no se permite integrarse en las instituciones del Estado a ningún presunto autor de delitos de derecho internacional.
Las autoridades libias tienen que poner punto final al legado de tortura de la época de Gadafi investigando los casos de tortura y otros malos tratos de que se tenga noticia y llevando a los responsables ante la justicia.
Más información:Libya: Deaths of detainees amid widespread torture (artículo, 26 de enero de 2012)
La reputación de la nueva Libia, empañada por los abusos a detenidos (artículo e informe, 11 de octubre de 2011)