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La "guerra contra las mujeres” de Afganistán

Horia Mosadiq, investigadora de Amnistía Internacional sobre Afganistán

El asesinato de Sushmita Banerjee, cuyo cadáver, acribillado a balazos, apareció abandonado en el extrarradio de la provincia de Paktika, en Afganistán, fue espantoso pero, tristemente, no sorprendió.

Procedente de India, la mujer había huido de su cautividad a manos de los talibanes en 1995 y había escrito un libro sobre su experiencia.

Las autoridades afganas afirman ahora que han detenido a dos hombres por el homicidio, una medida nada habitual en los casos de violencia contra las mujeres.

A lo largo de bastante más de un año hemos visto muchos casos denunciados de palizas, desfiguraciones, secuestros y homicidios de mujeres y niñas en todo el país, sobre todo en las zonas rurales.


Mujeres y niñas son víctimas de sus parejas, de familiares o de grupos armados –entre ellos los talibanes–, a veces a plena luz del día. Pero ninguna autoridad parece prestar demasiada atención al asunto.

Para muchas mujeres, la única opción es el silencio. Si se atreven a denunciar los abusos o incluso a intentar escapar de sus agresores, lo más probable es que las maten. Para los propios activistas que intentan ayudarlas, denunciar públicamente puede tener fatales consecuencias.

Entre las muchas mujeres que he conocido en mi última visita a Afganistán estaba Noorzia Atmar, ex parlamentaria cuyo esposo la había degollado y había estado a punto de matarla. Noorzia consiguió huir a una casa refugio secreta, desde donde puso en marcha el papeleo para conseguir el divorcio. Tras muchos meses de negociación, su esposo aceptó divorciarse con la condición de que, si alguna vez la mataban, él no sería procesado. El tribunal lo admitió.

Si esto puede ocurrirle a una mujer en una posición de autoridad , ¿cuánto peor no será la situación para los millones de mujeres y niñas que viven en el medio rural afgano, ocultas a la vista de la opinión pública?

No parece que las autoridades afganas estén haciendo algo más que expresar públicamente su indignación por las historias que llegan a los titulares y prometer que se va a investigar el crimen y serán procesados y castigados. Pero tales promesas resultan vanas en la mayoría de los casos, ya que rara vez se investigan debidamente los crímenes contra mujeres y sus autores casi nunca comparecen ante un tribunal.

Cuando ni siquiera los jueces se atreven a actuar para proteger a las mujeres, la esperanza no tarda en desvanecerse.

Aparte de los talibanes, las mujeres sufren abusos a manos de sus propios cónyuges, padres, hermanos y primos, simplemente porque esos hombres saben que van a quedar sin castigo. Saben que nadie se lo va a impedir, y cada vez que una mujer es golpeada, quemada o asesinada y los responsables excepcionalmente cumplen cárcel durante unos meses y después quedan libres –eso si llegan a ser procesados–, cunde el mensaje de que la violencia está permitida.

Pero se pueden hacer muchas cosas para evitar que se cometan más crímenes atroces como éstos y disipar el miedo que generan en las mujeres y niñas afganas.

En 2009, Afganistán promulgó una ley para eliminar la violencia contra las mujeres que podría dar un vuelco a la situación si el gobierno se comprometiera a aplicarla plenamente.

Y lo que tal vez sea más importante: la situación podría empezar a cambiar de verdad si las autoridades afganas invirtieran el tiempo y los recursos necesarios para inculcar en fiscales, jueces, policía y opinión pública la idea de que abusar de las mujeres es sencillamente ilegal y punible.

Deben asumir de una vez por todas que, como parte de sus derechos humanos fundamentales, todas las mujeres –ni más ni menos que todos los hombres– tienen derecho a estudiar, a trabajar, a expresar su opinión y, en general, a vivir la vida que ellas elijan, sin sufrir violencia e intimidación.

Hasta que eso suceda, muertes trágicas como la de Sushmita Banerjee seguirán tratándose como meros datos estadísticos.