Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional
Ayer escribía sobre el principal motivo de preocupación para las personas que viven en la favela de Maré, en Río de Janeiro: la impunidad. Ninguno de los implicados en el crimen organizado se somete a la acción de la justicia, como tampoco la policía que, con demasiada frecuencia, combate la delincuencia cometiendo ella misma delitos.
Hoy me he reunido con varios miembros de la Comisión Nacional de la Verdad, creada para examinar las violaciones de derechos humanos cometidas de 1946 a 1988, periodo que incluye la dictadura militar de Brasil. La intervención de la actual presidenta, Dilma Roussef, sobreviviente ella misma de tortura, fue decisiva para que la Comisión se materializara. Brasil aprobó en 1979 una ley de amnistía que ha protegido en gran medida a ex miembros del gobierno de tener que responder penalmente sobre numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, por nombrar algunas.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló la ley de 1979. Pero el Supreme Federal Court of Brazil Supremo Tribunal Federal de Brasil no ha adoptado una postura con respecto a esta decisión. En Brasil se sigue debatiendo sobre una ley de amnistía que, a diferencia de la mayoría de las leyes de amnistía, fue concebida para liberar a presos políticos y hacer seguro el retorno de personas en el exilio. En el último momento, el ejército logró que sus miembros fueran incluidos en el ámbito de aplicación de la ley.Al debatir sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad con algunos de sus miembros, fue esperanzador escuchar su compromiso con dilucidar la verdad, estructurar la transparencia y mirar más allá del gobierno a otras partes cómplices en los abusos, sus planteamientos en materia de género y su promesa de garantizar que también se incluyen las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas de Brasil en ese tiempo.
Un reto al que se enfrenta la Comisión de la Verdad es que no es posible procesar prácticamente a ninguno de los responsables de violaciones de derechos humanos que también constituyen delitos porque éstos han prescrito. La única excepción es la desaparición forzada, que, según el derecho internacional, constituye una violación de derechos humanos continuada, dado que las personas afectadas por la desaparición de un ser querido viven con la incertidumbre permanente de no saber lo que le ha sucedido. Por desgracia, la desaparición forzada no está tipificada como delito en el Código Penal brasileño.
Es fácil deducir cuáles deberían ser algunas de las recomendaciones clave de la Comisión de la Verdad.Otro asunto importante que la Comisión debería abordar es el legado de la dictadura militar. Como han aprendido recientemente los egipcios, que se haya depuesto a un dictador no significa que se haya desmontado la arquitectura del régimen dictatorial. Décadas después del fin de la dictadura militar brasileña aún pervive uno de sus legados más perniciosos: la militarización de la función policial.
Y esto está directamente relacionado con lo que tratamos ayer en el debate de Maré. La gente que vive en las favelas describe el programa de pacificación, que está siendo aplicado principalmente por la policía militar, como algo más parecido a una ocupación. La policía militar no considera que esté allí para proteger a los habitantes de las favelas, garantizar su seguridad y restablecer los servicios de los que se abastecen. Al contrario, la prioridad –acorde con los principios militares– parece ser el concepto de “protección de la fuerza”, en virtud del cual se considera a los habitantes de las favelas fuente de peligro y no beneficiarios de la acción policial.
Permítanme que insista. La impunidad es un legado demoledor. La impunidad, combinada con la corrupción, hace que la población pierda toda la confianza en el compromiso del Estado con la seguridad de las personas, la protección de los marginados, la promoción de la justicia y el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar que todas las personas disfrutan de la totalidad de sus derechos económicos, políticos, civiles, sociales y culturales.
Cuando los manifestantes se echaron por primera vez a la calle en Egipto, desde Suez hasta El Cairo y otros lugares, coreaban lemas sobre la justicia, la dignidad y la libertad. Hoy, mientras participaba en una sesión convocada por Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados de Brasil, la Comisión de Derechos Humanos y otros grupos, y escuchaba de nuevo lo que contaban activistas y defensores de todo el espectro político, me he dado cuenta de cómo se parecen sus relatos a los que escuché en Egipto en 2011.
La corrupción es rampante. Disfrutan de impunidad quienes tienen poder, ya sea económico, policial, o el poder de empuñar el arma más potente con fines delictivos. Y el sistema político está fallando a las personas que se sienten víctimas de un régimen arbitrario de poder en lugar de beneficiarios de la acción de gobierno.
Pero, al final de mi segunda jornada en Río, me aferro a los motivos para la esperanza que encontré ayer, al ver los proyectos que estaban ideando y poniendo en marcha personas que viven en Maré. El trabajo de la Comisión de la Verdad transmitirá el mensaje fundamental de que la impunidad no es aceptable y de que, aunque la justicia pueda demorarse, no será finalmente burlada. Lo que vi en Egipto, y vuelvo a ver en Brasil ahora, es que la gente está sedienta de justicia, dignidad y voz sobre cómo son gobernadas.