¿Te lo puedes imaginar?
Tienes 19 años y estás durmiendo en tu casa familiar en una remota localidad rural. En mitad de la noche, soldados extranjeros irrumpen en la vivienda.
Te ponen una capucha en la cabeza y te obligan a sentarte apoyado en una pared. Estás muerto de miedo.
Al cabo de unas horas, atado de pies y manos y todavía encapuchado, te llevan a una base militar.
Allí te someten a agresiones físicas, te interrogan, te amenazan con un cuchillo, te impiden dormir y te privan de comer. Temes que vayan a matarte.
Después de lo que te han parecido unas 48 horas –debido a la desorientación te resulta difícil saberlo con seguridad–, todavía encapuchado e inmovilizado con cadenas, te meten a empujones en un helicóptero y te trasladan a otra instalación militar más grande. Allí prosiguen los interrogatorios y los abusos.Tres meses después, te sacan de tu celda, te rasuran la cabeza, te inmovilizan con esposas y cadenas y te ponen unas gafas protectoras con los cristales tintados de negro, te meten junto a varios más en un avión de transporte y te amarran como si fueras mercancía.Esta vez te trasladan a una base naval al otro lado del mundo, expresamente concebida por tus captores para mantener a detenidos como tú fuera del alcance de tribunales y abogados. Te recluyen por tiempo indefinido, y puede que seas juzgado por un tribunal militar improvisado o que simplemente te dejen allí “almacenado”.
Tus esperanzas de obtener justicia, las que tuvieras, se disipan conforme pasan los años y ves que no te juzgan y ni siquiera sabes si alguna vez te pondrán en libertad.Hoy, cuando han pasado más de 10 años, sigues encerrado en una celda en esa base naval.
A Obaidullah no le hace falta imaginarse todo esto.
Este afgano lo ha vivido en carne propia, ya que dentro de poco cumplirá 100.000 horas de reclusión bajo custodia militar. Más de 4.000 días. Once años. Es uno de los 166 hombres recluidos actualmente en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
Obaidullah está a unos 13.000 kilómetros de su hogar en Afganistán. Su hija, nacida dos días antes de su captura, ahora tiene 11 años; sólo ocho menos que los que tenía su padre cuando se lo llevaron de su casa.
Estados Unidos probablemente condenaría ese trato por contravenir las nociones básicas de decencia y derechos humanos si el responsable fuera cualquier otro gobierno.Sin embargo, ha dirigido Guantánamo como si la Declaración Universal de Derechos Humanos no hubiera existido nunca.
La experiencia de Obaidullah ilustra las violaciones de derechos humanos que han sufrido durante años los detenidos de Guantánamo, así como la ausencia de rectificación de estas injusticias por parte de Estados Unidos.
Entre febrero y julio de 2013, Obaidullah participó en la huelga de hambre que llevaron a cabo decenas de detenidos en Guantánamo. Al parecer ha abandonado la huelga recientemente, tras la adopción de ciertas prácticas de las autoridades estadounidenses aparentemente dirigidas a debilitar tales protestas.
El mes pasado, la gravedad de la situación era tal que se negó a reunirse con su abogado para evitar someterse a unos registros corporales que él y otros detenidos consideraban vejatorios pero debían soportar si querían abandonar el módulo de su celda para reunirse con sus abogados, incluso para hablar con ellos por teléfono.
En otro giro de los acontecimientos, los abogados de oficio de Obaidullah encargados del hábeas corpus (cuyo cometido es garantizar que los gobiernos respetan el derecho de las personas detenidas a ser presentadas ante un juez) están entre quienes recibieron un mensaje por correo electrónico del Pentágono el mes pasado, en el que les anunciaban que pronto comenzarían las sesiones de la Junta de Revisión Periódica para evaluar si determinados individuos “detenidos conforme al derecho de la guerra” podían ser liberados o debían seguir recluidos.
En días recientes, el Pentágono ha comunicado a los abogados de Obaidullah que se lo considera apto para una revisión de la Junta.
Amnistía Internacional lleva más de 10 años pidiendo a las autoridades estadounidenses que pongan fin a la ilegalidad y la injusticia de Guantánamo. Es posible que la Junta de Revisión Periódica decida autorizar algunas liberaciones pero, al final, no es sino otro plan ejecutivo de carácter discrecional. No puede tener más que un efecto corrosivo en las protecciones que establece el sistema ordinario de justicia penal, en el que los detenidos tienen derecho a no permanecer privados de libertad indefinidamente sin cargos o sin un juicio justo.
El presidente Barack Obama definió en una ocasión las detenciones de Guantánamo como “experimento insensato”, basado en la “idea equivocada de que una prisión instalada allí podía escapar a la acción de la justicia”.
Tenía razón, pero está a punto de cumplirse el duodécimo aniversario de las detenciones de Guantánamo y ese experimento insensato todavía no ha terminado. Han pasado más de tres años y medio desde que el presidente Obama estableció un plazo inicial para el cierre de Guantánamo.
En días recientes, el gobierno de Obama ha señalado que pronto podría comenzar la transferencia de varios detenidos fuera de la base. Ha levantado la suspensión de las repatriaciones de detenidos a Yemen y ha designado a un enviado para que supervise las iniciativas diplomáticas destinadas a promover el compromiso del presidente con el cierre del centro de detención de Guantánamo, que ha vuelto a manifestar recientemente.
Cabe alegrarse por ello. Pero Amnistía Internacional recuerda a las autoridades estadounidenses que no debe proceder a la devolución de detenidos a lugares donde exista el peligro real de que los sometan a violaciones de derechos humanos, y que Estados Unidos no debe poner condiciones a las transferencias de detenidos que, de ser impuestas por el gobierno receptor, vulnerarían el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
Estados Unidos no debería demorarse ahora en hacer lo que hasta ahora no ha hecho (liberar a los detenidos si no va a acusarlos sin más demora y a juzgarlos con las debidas garantías ante un tribunal civil ordinario) y esforzarse en reparar el daño que ha causado con su actuación en el pasado decenio, tanto en las vidas de los detenidos como en los principios de derechos humanos.