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Egipto: Es hora de hacer frente a todas las formas de violencia contra las mujeres

Por Diana Eltahawy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Egipto

La violencia contra las mujeres en Egipto captó la atención nacional e internacional tras la amplia difusión que recibieron una serie de agresiones sexuales a mujeres en las inmediaciones de la plaza Tahrir, durante las protestas que conmemoraron el segundo aniversario de la “Revolución del 25 de enero”.

Por desgracia, estos actos de violencia contra las mujeres no eran casos aislados ni excepcionales.

Ya sea en el ámbito público o en el privado, a manos de agentes estatales o no estatales, la mayor parte de los casos de violencia contra las mujeres en Egipto siguen quedando impunes.

La mayoría no se denuncian por multitud de razones, derivadas de los estereotipos de género discriminatorios, la falta de concienciación de las mujeres sobre sus propios derechos, las presiones sociales y familiares para que no cuenten nada, la legislación discriminatoria y la dependencia económica que sufren las mujeres. Incluso las mujeres vencen estos obstáculos y acuden a las instituciones del Estado en busca de protección, justicia y reparación, a menudo se encuentran con funcionarios desdeñosos y ofensivos que no remiten los casos a la fiscalía para su enjuiciamiento, y con procedimientos judiciales largos y costosos si desean solicitar el divorcio. Las mujeres que se las arreglan para conseguir el divorcio se encuentran después con que es probable que no se ejecuten las órdenes judiciales relativas a la pensión alimenticia para los hijos y la esposa.

En las últimas semanas, durante una visita de Amnistía Internacional a Egipto, conocí a varias mujeres y niñas que habían sufrido agresiones a manos de sus esposos y otros familiares. Muchas sufren en silencio durante años mientras son víctimas de palizas, violaciones y graves malos tratos e insultos.

Om Ahmed (madre de Ahmed) me contó que su esposo comenzó a beber y golpearla tres años después de casarse. Describió abusos diarios, salpicados de agresiones especialmente salvajes. En una ocasión, su ex esposo le estampó en la cara una botella de vidrio llena y la dejó sin los dientes delanteros. Pasó otros 17 años con él; según explicó, en parte lo hizo porque no tenía a dónde ir, y también porque no quería traer la “vergüenza” a su familia. Se encogió de hombros al decir que nunca pensó en acudir a la policía:

A la policía no le importa; para ellos, el hecho de que un hombre golpee a su esposa no constituye un problema. Si eres una mujer pobre, te tratan como si ni siquiera existieras, te sueltan unos cuantos insultos y luego te mandan de nuevo a casa con él.

Al final, el esposo de Om Ahmed la echó de casa; durante el año siguiente, ella y sus hijos vivieron en un edificio sin terminar situado en un asentamiento informal que no tenía agua corriente ni electricidad. Tras dos años en el juzgado de familia le concedieron una exigua pensión alimenticia de 150 libras egipcias (aproximadamente 21 dólares estadounidenses) por su hija (sus otros dos hijos no tienen derecho a recibirla por ser mayores de 18 años). Aún no se ha tomado una decisión sobre la pensión alimenticia para ella.

Al contrario de lo que ocurre con los hombres musulmanes en Egipto, que pueden divorciarse de sus esposas unilateralmente –y sin ofrecer ninguna razón–, las mujeres que desean divorciarse de esposos maltratadores tienen que acudir al tribunal y demostrar que él tiene la “culpa” o que el matrimonio les ha causado “daño”. Para demostrar el daño físico tienen que presentar pruebas, como informes médicos o declaraciones de testigos presenciales, en procedimientos caros e interminables. Muchos abogados que defienden los derechos de las mujeres y otros que trabajan en casos de los juzgados de familia me contaron que ésta es una tarea sumamente difícil para un gran número de mujeres, porque no siempre denuncian los abusos a la policía y los vecinos, que suelen ser los únicos testigos aparte de los miembros de la familia, son reacios a verse involucrados en estos asuntos.

Me entrevisté con una mujer, un caso especialmente dramático, que me contó:

[Mi ex esposo y yo] sólo vivimos juntos unos meses, pero tardé seis años en conseguir el divorcio y aún no ha concluido el proceso judicial para recuperar todos mis derechos [económicos]. Los problemas comenzaron poco después de casarnos, y él me golpeaba. Su madre y sus hermanas también me maltrataban […]. Después de una paliza especialmente brutal fui a la comisaría de policía para presentar una denuncia, pero la retiré debido a las presiones que sufrí [por parte de mi esposo, que me amenazó]. El caso tardó tanto en resolverse porque él tenía buenos abogados que conocían todas las lagunas en la legislación.

En 2000 se introdujo una segunda posibilidad para las mujeres que querían divorciarse, que les permite recurrir a los tribunales para obtener el khul (“divorcio sin culpa”) sin tener que demostrar daño, pero solamente si renuncian a su derecho a la pensión alimenticia y a otros derechos económicos. Aun así, estos procedimientos judiciales pueden durar hasta un año y dejar en una situación sumamente desfavorecida a las mujeres que dependen económicamente de sus esposos. Pese a todo, varias mujeres divorciadas contaron a Amnistía Internacional que habían optado por el khul tras pasar años esperando a que el tribunal les concediese un divorcio basado en la culpa.

Om Mohamed (madre de Mohamed), de 24 años, contó a Amnistía Internacional:

Llevamos más de cuatro años separados, pero sigo sin estar casada ni divorciada […]. Todo este tiempo he intentado demostrar ante el tribunal que [mi esposo] no nos ha dado nada de dinero ni a nuestro hijo ni a mí, y que solía pegarme con cualquier cosa que tuviese en la mano, incluidos cinturones y cables. Cada vez que voy al juzgado se aplaza la vista y me dicen que necesito este documento o aquel. He gastado un montón de dinero en abogados y no he conseguido nada […]. Al final me rendí, y en enero [de 2013] presenté una demanda de khul.

Durante mi visita a Egipto en mayo y junio de este año también conocí a mujeres y niñas que habían sufrido violencia sexual y abusos sexuales a manos de otros familiares. Una joven de 17 años me contó que se había escapado de casa tras una paliza especialmente brutal por parte de su hermano, que la apuñaló en la nariz con un cuchillo de cocina y la quemó con una plancha caliente. Sus cicatrices confirmaban la historia. Tenía tanto miedo que no denunció lo ocurrido en el hospital a donde acudió para que la trataran, ya que su hermano la acompañó y la amenazó con matarla si lo contaba. Tras pasar meses vagando por las calles, finalmente la admitieron en una casa de acogida para niños y niñas de carácter privado.

Otra mujer, que huyó de su casa tras sufrir una agresión sexual por parte de su hermano, encontró protección temporal en una casa refugio gestionada por una asociación auspiciada por el Ministerio de Seguridad Social y Asuntos Sociales. Abandonó la casa ante la insistencia de la administración del centro para que les facilitase los datos de contacto de su hermano con el fin de fijar una “reunión de reconciliación”.

En todo Egipto sólo hay nueve casas refugio oficiales, en las que hay una grave carencia de recursos y hace falta formación y fomento de la capacidad. La mayoría de las supervivientes de violencia intrafamiliar ni siquiera saben que existen. Debido al estigma asociado a las mujeres que viven fuera del hogar familiar o conyugal, la idea de las casas refugio no goza de amplia aceptación.

Un miembro del personal de una casa refugio me contó que, tras una sesión de concienciación en una localidad del Alto Egipto, un líder local se levantó y –delante de todas las personas allí reunidas– amenazó con “apuñalar hasta la muerte” a toda mujer que se atreviese a abandonar una familia donde la maltratasen y huir a una casa refugio. En otra ocasión, el esposo de una mujer que vivía en una casa refugio amenazó con incendiarla.

En mayo, las autoridades anunciaron la creación de una unidad especial de mujeres policía para combatir el acoso y la violencia sexual. Aunque ésta puede ser una medida positiva, las autoridades egipcias tienen que hacer mucho más para prevenir y castigar el acoso y la violencia de género, empezando por condenarla sin ambages. Además, es preciso que modifiquen la legislación para garantizar que las supervivientes acceden a recursos efectivos. También deben mostrar voluntad política y abordar la cultura de rechazo, pasividad y, en algunos casos, complicidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que, además de dejar a las mujeres desprotegidas frente a la violencia, tampoco investigan adecuadamente todas las denuncias ni procesan a los responsables.

Las mujeres egipcias estuvieron en primera línea de las protestas populares que acabaron con la presidencia de Hosni Mubarak hace unos dos años y medio. Hoy en día siguen cuestionando los prejuicios de género y las actitudes sociales reinantes que facilitan que la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, siga quedando impune, a la vez que mantienen su lucha contra la marginación y la exclusión de los procesos políticos que configuran el futuro del país.

Mientras tanto, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres, siete mujeres que sufrieron agresiones sexuales en las inmediaciones de la plaza Tahrir presentaron una demanda ante la fiscalía en marzo de 2013 en la que pedían rendición de cuentas y un resarcimiento. Se abrieron investigaciones, pero se han quedado estancadas.

Un fiscal dijo a uno de los abogados de las mujeres que el caso no era tan “importante” en comparación con otros que tenía pendientes. Pero las demandantes no se van a rendir. Tal y como dijo una de ellas a Amnistía Internacional: “Incluso mientras me maltrataban sentí que no me iba a quedar callada, que no voy a ceder. Hay que castigarlos”.

Más información:
Agresiones sexuales a mujeres en Egipto (blog, 1 de febrero de 2013)