Por Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en lucha contra el terrorismo y derechos humanos
Publicado inicialmente por Al Yazira el 18 de abril de 2013.
El indulto concedido recientemente a un ciudadano estadounidense condenado in absentia por el secuestro de Abu Omar en 2003 constituye un importante retroceso en la protección de los derechos humanos y demuestra que el presidente italiano Giorgio Napolitano ha cedido vergonzosamente a la influencia ejercida por el gobierno de Estados Unidos.
En febrero de 2003, el miembro de la Fuerza Aérea estadounidense Joseph Romano era jefe de seguridad en la base aérea de Aviano, en el norte de Italia, cuando agentes italianos y estadounidenses secuestraron a Abu Omar en Milán, a unos 350 kilómetros de distancia. Abu Omar fue trasladado en primer lugar a Aviano y posteriormente a El Cairo a través de Alemania; según denunció, sufrió torturas mientras estuvo bajo custodia de las autoridades egipcias. En septiembre de 2012, el máximo tribunal italiano confirmó las condenas impuestas a Romano y otros 22 agentes de la CIA por su participación en el secuestro.
Según parece, el indulto es un favor político al presidente estadounidense Barack Obama. El 6 de abril, el presidente italiano hizo una declaración oficial en la que afirmó que el gobierno de Obama había “cambiado” las políticas del anterior gobierno de Bush, que Italia y la UE habían considerado “incompatibles con los principios básicos del Estado de derecho”.
Se trata de una alusión directa a los programas estadounidenses de entregas y detención secreta que permitieron el secuestro de personas y su transferencia sin el debido proceso a países en donde corrían peligro de sufrir tortura; su envío a centros secretos de detención gestionados por la CIA en distintos lugares, incluidos países europeos; el uso de técnicas de interrogatorio constitutivas de tortura y otros malos tratos, y, en algunos casos, la desaparición forzada de esas personas.
La tortura y las desapariciones forzadas son crímenes de derecho internacional: todos los Estados tienen la obligación de investigarlos y, si existen pruebas admisibles suficientes, procesar a las personas sospechosas de tales crímenes. En los casos en que se dicte una sentencia condenatoria tras un juicio con garantías, los Estados deben tener en cuenta la gravedad de estos crímenes al imponer la pena.
La declaración de Napolitano también parece exonerar a Romano por haber seguido “órdenes superiores” de autoridades estadounidenses; sin embargo, en los últimos 60 años se ha perfeccionado y aclarado la legislación sobre esa “eximente”: todos los tribunales y cortes internacionales han elaborado jurisprudencia pormenorizada que rechaza categóricamente la afirmación de que una persona que “sólo seguía órdenes” está totalmente exenta de responsabilidad penal por los crímenes que haya cometido.
Es más, en su declaración, Napolitano se refirió a los dramáticos sucesos del 11 de septiembre de 2001 como justificación para las “drásticas” medidas adoptadas por Estados Unidos tras los ataques en territorio estadounidense. Esta justificación implica erróneamente que en circunstancias excepcionales pueden suspenderse derechos fundamentales como la prohibición absoluta de la tortura y las desapariciones forzadas.
El derecho internacional no permite excepciones a estas prohibiciones, ni siquiera invocando la existencia de una amenaza a la seguridad nacional o una situación de emergencia pública. Ningún gobierno puede organizar programas encubiertos de torturas y desapariciones forzadas sistemáticas para responder a una amenaza a la seguridad, real o supuesta.
La declaración del presidente italiano también cuestiona el hecho de que los tribunales de su país tienen la obligación jurídica internacional de ejercer la jurisdicción por delitos cometidos por un país miembro de la OTAN en el territorio de otro. Según el Convenio relativo al Estatuto de las Fuerzas de la OTAN, Estados Unidos debía haber asumido la jurisdicción por el caso Romano y todos los delitos cometidos por personal militar estadounidense en el contexto del secuestro de Abu Omar, sin olvidar las numerosas entregas y detenciones secretas en las que pueden haber participado militares estadounidenses que estaban bajo el mando de la OTAN.
Pero esto supone olvidar cuál es la realidad sobre el terreno.
Se ha documentado ampliamente el hecho de que el gobierno de Obama ha frustrado de forma enérgica y sistemática todos y cada uno de los intentos de tribunales estadounidenses y extranjeros para que rindan cuentas las personas que presuntamente han participado, directamente o como cómplices, en los programas de entregas y detención secreta gestionados por la CIA. Si Italia hubiese cedido a Estados Unidos la jurisdicción del caso Romano, los posibles delitos que cometió contra Abu Omar habrían quedado impunes.
En Estados Unidos existe un vacío de voluntad política y judicial para que se haga efectiva la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en la red de entregas y detenciones secretas. El traslado del caso Romano a la jurisdicción estadounidense le habría librado de la cárcel.
Una de las principales críticas al proceso judicial en Italia ha sido que ni Romano ni los otros ciudadanos estadounidenses declarados culpables de participar en el secuestro de Abu Omar estaban presentes en los juicios, algo permitido en la legislación italiana. El derecho internacional prácticamente prohíbe estos juicios in absentia, ya que impiden un careo entre demandante y acusado y privan a este último de la posibilidad de refutar las pruebas.
Los demás ciudadanos estadounidenses condenados podrían ser juzgados de nuevo de forma inminente si vuelven a estar bajo la jurisdicción de los tribunales italianos, ya que se ha dictado una orden de detención en el ámbito de la UE que podría restringir sus futuros viajes a cualquier lugar de la Unión Europea.
Al indultar a Romano, el gobierno italiano ha acabado con toda posibilidad de que sea procesado por sus presuntos delitos. Es sumamente improbable que el gobierno estadounidense llegue alguna vez a someter a Romano –o a cualquier otro ciudadano estadounidense– a una investigación criminal y un proceso por su función en las operaciones de entrega y detención secreta.
El indulto del presidente italiano hace caso omiso de decenas de años de trabajo de gobiernos, ONG, activistas, abogados y víctimas para crear un sistema de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos. Es en sí mismo “incompatible con los principios básicos del Estado de derecho” y supone un escandaloso retroceso en la protección de los derechos del que el presidente Napolitano debería sentirse profundamente avergonzado.