Por Diana Eltahawy, investigadora de Amnistía Internacional sobre el Norte de África
No recuerdo haber visto un Egipto más amargamente dividido y polarizado que el que encontré a mi llegada a El Cairo unos días antes del referéndum constitucional previsto para el sábado 15 de diciembre.
Durante mi última visita al país como parte de una delegación de Amnistía Internacional para documentar las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 18 días de la “Revolución del 25 de Enero”, había una sensación palpable de unidad entre los manifestantes, pese al sufrimiento y la violencia.
Personas de todos los estratos sociales –mujeres y hombres, cristianos y musulmanes, jóvenes y viejos, liberales e islamistas, adinerados y pobres– se alzaban juntos contra el gobierno y contra sus tácticas para aplastar el levantamiento. Dejaban de lado sus diferencias políticas, religiosas e ideológicas para luchar, con éxito, por una causa común
Hoy, estas diferencias han arrojado a los ciudadanos unos contra otros y han provocado sangrientos enfrentamientos en las calles que se han saldado con la muerte de al menos 12 personas en las últimas semanas. Los manifestantes –que hace sólo unos meses se unían codo con codo para plantar cara a las fuerzas de seguridad y el ejército– se encuentran ahora en lados contrarios de violentos enfrentamientos.
Frente a este telón de fondo de violencia y división, millones de egipcios de 10 gobernaciones acudieron a los colegios electorales el sábado para depositar su voto en la primera fase del controvertidísimo referéndum sobre la nueva Constitución del país.
Por suerte, el temor de que los recientes disturbios se propagaran y alteraran la jornada electoral no se materializó, aunque se informó de algunos incidentes de violencia y otras irregularidades. Durante el día, la delegación de Amnistía Internacional visitó una docena de colegios electorales de las gobernaciones de El Cairo y Gharbiya, donde los procedimientos se caracterizaron por el aburrimiento y las charlas (en su mayoría) cordiales.
El sábado, la delegación de Amnistía Internacional visitó también a la familia de Khaled Taha Abdel Minim Abou Ziyad, de 24 años, herido de muerte en los enfrentamientos que estallaron el 5 y 6 de diciembre entre simpatizantes y detractores del presidente Mohamed Morsi en las cercanías del Palacio Presidencial. Khaled, miembro de la Hermandad Musulmana, había viajado a la capital con otros simpatizantes del presidente desde su pequeño pueblo de Miniyat al Bandara, en la gobernación de Gharbiya. Sus familiares dijeron a Amnistía Internacional que había ido a defender la legitimidad del presidente y la Constitución propuesta. No regresó: sufrió una herida de bala en el cuello hacia las dos de la madrugada del 6 de diciembre. Murió cinco días después.
El 12 de diciembre, estábamos con el hermano del periodista freelance Al Husseiny Abu Daif cuando recibió una llamada urgente y tuvo que salir corriendo. Más tarde, ese mismo día, el periodista falleció. Había recibido un disparo en la cabeza poco después de las dos de la madrugada del 6 de diciembre en las cercanías del Palacio Presidencial, donde documentaba la violencia que se vivía entre los detractores del presidente. Según su amigo Mahmoud Abdel Qader, que estaba junto a él, Al Husseiny Abu Daif le estaba mostrando las imágenes que había grabado cuando recibió el disparo.
Resulta trágico que, aunque las facciones comparten un dolor similar por la pérdida de sus seres queridos, esencialmente no hay ningún diálogo significativo entre ellas. Cada bando culpa y acusa al otro de incitar a los disturbios.
En lo que sí parecen estar de acuerdo es en que las fuerzas de seguridad no previenen la violencia ni protegen a los manifestantes. Resulta ciertamente preocupante que las fuerzas de seguridad se hayan mantenido al margen, no sólo cuando los manifestantes se enfrentaban entre sí, sino también cuando los simpatizantes del presidente Morsi detuvieron y golpearon a decenas de personas junto al palacio presidencial.
Esta inacción por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo parece servir para acrecentar aún más la desconfianza de las víctimas y familiares de quienes murieron de forma violenta o por otras causas durante las protestas ocurridas desde la “Revolución del 25 de Enero”.
La noche antes del referéndum, la delegación de Amnistía Internacional acudió al barrio obrero de Imbaba para reunirse con familiares de personas muertas durante la “Revolución del 25 de Enero”.
Sayed Ibrahim Abdel Latif, cuyo hijo, Mohamed, de 23 años, murió por disparos en las protestas del 29 de enero de 2011, describió su incansable lucha por la justicia, y el dolor de ver cómo los acusados de matar a su hijo no sólo quedaban libres, sino que además eran ascendidos dentro del Ministerio del Interior.
Aunque él está decidido a intensificar su lucha por hacer que se rindan cuentas, los familiares de otras víctimas presentes en la reunión expresaron su frustración por el hecho de que los tribunales no procesan a los responsables. Amenazaron con tomarse la ley por su mano y obtener venganza, ya que no han podido obtener justicia. Tienen poca fe en que la Constitución propuesta o el referéndum aborden sus preocupaciones.
Esta pérdida absoluta de confianza en que el poder judicial otorgue reparación a las víctimas la manifestaba también Mahmoud Mohamed al Sayid, de 16 años, miembro del movimiento 6 de abril y ávido participante en la mayoría de las protestas de oposición en los últimos 20 meses. Fuimos a su casa, en el barrio obrero de Dar al Salam, un asentamiento informal que alberga a aproximadamente un millón de egipcios, tras un largo trayecto en un tok-tok, un triciclo motorizado.
Nuestra ruta a través de las calles sucias, estrechas y sin pavimentar nos recordó por qué las demandas de justicia social siguen resonando tan alto durante las protestas de oposición en Egipto.
Mahmoud se recuperaba de múltiples heridas de bala sufridas durante las protestas del 20 de noviembre de 2012, el día que su amiga Jikka murió por disparos durante las protestas en la calle Mohamed Mahmoud, en El Cairo. Irónicamente, las protestas en cuestión conmemoraban el primer aniversario de las protestas que tuvieron lugar en esa misma calle en 2011 y en las que murieron 51 personas. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad egipcias fue castigado por esa trágica pérdida de vidas.
Cuando le pregunté si había presentado una denuncia en la fiscalía, Mahmoud se encogió de hombros: consideraba que el poder judicial no podía ni quería administrar justicia. No podía esperar a que sus heridas se curaran para volver a echarse a la calle. Pese a su evidente preocupación por la salud y las tareas escolares inconclusas de su hijo, la madre de Mahmoud, Sabrine, estaba visiblemente orgullosa de la determinación del joven por luchar por un Egipto mejor. Se preguntaba: “Después de este circo de absoluciones [de funcionarios acusados de matar y herir a manifestantes], ¿quién garantizará los derechos de las víctimas? ¿Quién construirá un Egipto mejor?”.
En la bruma de confusión y división por el futuro político del país, la urgencia de reformar las instituciones del Estado –especialmente el poder judicial y las fuerzas de seguridad– y de restablecer la confianza pública en su imparcialidad e independencia se hace aún más evidente.
Mientras no haya una rendición de cuentas por el ciclo aparentemente interminable de abusos contra los derechos humanos cometidos durante los 18 días que acabaron con el gobierno de Mubarak y desde entonces, esos abusos se repetirán y se afianzarán.
Sin unas fuerzas de seguridad que rindan cuentas de sus actos y sin un poder judicial independiente, las divisiones entre las diferentes facciones políticas amenazan con representarse de nuevo en violentos enfrentamientos callejeros, en lugar de solucionarse en los tribunales o en las urnas.
Más información:El ejército sale de los cuarteles y vuelve a las calles (blog, 11 de diciembre de 2012)
Egipto: Dar poderes policiales al ejército sienta un “precedente peligroso” (comunicado de prensa, 10 de diciembre de 2012)
La nueva Constitución egipcia limita libertades fundamentales y no tiene en cuenta los derechos de las mujeres (comunicado de prensa, 30 de noviembre de 2012)
Té y gas lacrimógeno en la Plaza Tahrir (noticia, 29 de noviembre de 2012)