Resumen
La globalización ha cambiado el mundo en el que vivimos. Plantea nuevos y complejos desafíos para la protección de los derechos humanos.
Los agentes económicos, especialmente las empresas multinacionales que operan a través de fronteras nacionales, han adquirido un poder y una influencia sin precedentes en todo el mundo.
Las empresas tienen un impacto enorme sobre las vidas de las personas y las comunidades en las que operan. En ocasiones el impacto es positivo: se crean puestos de trabajo, las nuevas tecnologías mejoran las condiciones de vida, y la inversión en la comunidad se traduce en beneficios reales para las personas que viven en ella.
Pero Amnistía ha sacado a la luz innumerables ejemplos en los que las empresas se aprovechan de normativas nacionales poco eficientes y mal aplicadas, con consecuencias devastadoras para las personas y las comunidades.
Apenas hay mecanismos efectivos en el ámbito nacional o internacional para impedir que las empresas cometan abusos contra los derechos humanos o hacer que rindan cuentas de sus actos. Amnistía trabaja para cambiar esta situación.
En Bodo Creek, región de Ogoniland, Nigeria, dos vertidos de petróleo ocurridos en agosto y diciembre de 2008 destruyeron miles de medios de vida. A causa de averías en el oleoducto Trans-Niger, se vertió petróleo en la zona durante semanas, lo que causó una marea negra. Amnistía, junto a nuestro asociado el Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y el Desarrollo, trabajó con la comunidad para conseguir que la empresa petrolera responsable, Shell, limpiase lo que había ensuciado y pagase una indemnización adecuada. Finalmente, en diciembre de 2014, la comunidad de Bodo obtuvo una victoria largamente esperada cuando Shell pagó una indemnización sin precedentes de 55 millones de libras esterlinas tras una demanda presentada en Reino Unido.
“Damos las gracias a todas las personas que de una manera o de otra han contribuido a la conclusión de este caso, como las diversas ONG, especialmente Amnistía Internacional, que acudieron en nuestra ayuda”, dijo el jefe Sylvester Kogbara, presidente del Consejo de Jefes y Ancianos de Bodo.
El problema
Los Estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Sin embargo, muchos no lo hacen, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de las empresas, ya sea por falta de capacidad, por dependencia de la empresa como inversor o por flagrante corrupción.
Injusticia empresarial
Las empresas que operan a través de las fronteras intervienen a menudo en la comisión de graves abusos, como el trabajo forzoso o el desalojo de comunidades de sus tierras y su reasentamiento forzoso en otros lugares.
No es de extrañar que los abusos sean especialmente patentes en el sector extractivo, en el que las empresas compiten entre sí para extraer unos recursos escasos y valiosos. Se destruyen medios de vida tradicionales al contaminarse la tierra y el abastecimiento de agua, como sucedió en la región de Ogoniland, Nigeria. El impacto puede ser de especial gravedad para las poblaciones indígenas ya que a menudo su forma de vida y su identidad están estrechamente vinculadas a sus tierras.
A las comunidades afectadas se les niega con frecuencia el acceso a información sobre el impacto de las actividades de las empresas. Es decir, quedan excluidas de participar en las decisiones que afectan a sus vidas.
Aunque ahora se acepta generalmente que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, con excesiva frecuencia los beneficios se obtienen a costa de abusos contra los derechos humanos. A pesar de que muchos países disponen de leyes que permiten el enjuiciamiento de las empresas, los gobiernos casi nunca investigan las irregularidades que éstas cometen.
Cuando las comunidades intentan que se haga justicia, se ven frustradas por la ineficacia de los sistemas jurídicos, la falta de información, la corrupción y las potentes alianzas entre el Estado y las empresas. Es preocupante que cuanto los pobres no pueden obtener justicia, las empresas aprenden que pueden aprovecharse de la pobreza sin que esto tenga consecuencias.
Amnistía Internacional pide:
• Prevención: todas las empresas deben estar obligadas por ley a tomar medidas para identificar, prevenir y abordar los abusos contra los derechos humanos (lo que se denomina diligencia debida).
• Rendición de cuentas: las empresas deben rendir cuentas por los abusos que cometen.
• Recurso: las personas cuyos derechos sean objeto de abusos por parte de las empresas deben poder acceder a la justicia y a un recurso efectivo.
• Proteger los derechos más allá de las fronteras: las empresas operan a través de las fronteras, por lo que la ley también debe operar a través de las fronteras para proteger los derechos de las personas.
Más información sobre el tema
Lagunas en la rendición de cuentas
Las empresas hacen gestiones de cabildeo ante los gobiernos para que se promulguen leyes reguladoras de las inversiones, el comercio y la fiscalidad de agentes extranjeros que protejan los intereses empresariales. Pero con frecuencia las mismas empresas se manifiestan en contra de cualquier novedad en el derecho y las normas internacionales que pretenda proteger los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales.
Las empresas se aprovechan de sistemas reguladores poco eficientes, sobre todo en los países en desarrollo, y a menudo son las personas más pobres las que mayor riesgo de explotación corren. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a las personas de abusos contra los derechos humanos, y esto incluye los abusos cometidos por las empresas. Todas las empresas deben someterse a una regulación que impida que se busque el beneficio a costa de los derechos humanos.
Bhopal: 30 años de lucha por la justicia
En otro tiempo conocida como la Ciudad de los Lagos, Bhopal ha pasado a la historia como el lugar donde ocurrió uno de los peores desastres industriales del mundo.
En 1984, a consecuencia de una fuga de gas tóxico en esta ciudad del centro de India, más de 20.000 personas murieron y más de medio millón resultaron envenenadas. Treinta años después, esa tragedia se ha convertido en una catástrofe de derechos humanos, con sobrevivientes y activistas que encabezan una lucha constante por la justicia.
Los actores de esta batalla han adquirido connotaciones míticas. David y Goliat vienen a la mente. Por un lado están los miles de personas que de alguna manera lograron sobrevivir a la fuga de gas y buscan la verdad, justicia y una indemnización. Por otro, las empresas multinacionales Union Carbide y Dow, junto con los gobiernos de Estados Unidos e India, que en la práctica las han protegido.
Las personas que mejor pueden contar lo que sucedió en Bhopal y la lucha que dura ya tres decenios son las que lo han vivido más de cerca: las personas que sobrevivieron a la fuga de gas y quienes les han apoyado.