Entornos hostiles

10 noviembre 2007

Conflictos armados

Los conflictos armados son uno de los entornos más hostiles en los que defender los derechos humanos, ya que casi siempre entrañan violaciones de los derechos humanos fundamentales, normalmente en una escala masiva. Ya se produzca el enfrentamiento entre ejércitos profesionales o entre grupos armados, cada vez es más habitual que la vida y el sustento de la población civil se conviertan en las principales víctimas.

Es en este entorno donde más se necesita el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, pero a menudo también es donde menos se respeta. En una atmósfera de tensa polarización, la imparcialidad de estas personas se pone en tela de juicio. En el contexto de un conflicto de ocupación o una guerra civil, denunciar los abusos cometidos por el gobierno puede dar lugar a que los defensores y defensoras sean tachados de desleales, antipatriotas e incluso traidores.

Por otra parte, criticar los abusos cometidos por grupos armados convierte a los defensores y defensoras en peones del gobierno a los ojos de quienes respaldan la causa del grupo armado, que consideran que los defensores y sus organizaciones legitiman la posición del gobierno. Estas percepciones erróneas pueden tener consecuencias mortales: pueden hacer que se vea a los defensores y sus organizaciones como aliados del enemigo y que, por ello, ambos bandos los consideren un “blanco legítimo”.

En situaciones de conflicto armado, las personas que defienden los derechos humanos se enfrentan también a enormes problemas prácticos. La situación de inseguridad puede imposibilitar el acceso a determinadas zonas para verificar las denuncias de abusos, o puede ser utilizada como pretexto para impedir el trabajo de las organizaciones humanitarias o de derechos humanos.

La comprobación de violaciones del derecho internacional humanitario (derecho de los conflictos armados) plantea desafíos metodológicos adicionales (por ejemplo, al evaluar la legalidad y la “necesidad militar” de un ataque específico) que pueden resultar insuperables en condiciones en las que la infraestructura ha quedado devastada, los recursos escasean y el acceso a víctimas y comunidades está obstruido. La legislación de emergencia puede imponer restricciones legales a la libertad de circulación, de asociación y de expresión, limitando así seriamente la capacidad de defensores y defensoras para desempeñar su trabajo.

Nuevas medidas de seguridad introducidas desde el 11-S

Las nuevas medidas de seguridad introducidas en todo el mundo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos han afectado al entorno en el que trabajan quienes defienden los derechos humanos. Muchos gobiernos han utilizado la denominada “guerra contra el terror” como justificación o pretexto para limitar las actividades legítimas de las organizaciones que trabajan para defender los derechos humanos.

En algunos países, la legislación antiterrorista recién promulgada ha tenido un efecto inhibidor sobre las organizaciones de derechos humanos, que temen que sus actividades legítimas puedan caer en el ámbito de aplicación de las amplias y vagas disposiciones de tales leyes.

Muchos defensores y defensoras de los derechos humanos han tenido además que hacer frente a un discurso gubernamental que otorga prioridad a la “seguridad” (entendida como prevención del terrorismo) sobre los derechos humanos, y que ve ambas cuestiones como enfrentadas, en lugar de como metas que se apoyan mutuamente.

En estas circunstancias, los derechos humanos han pasado a equipararse con “mano blanda con el terrorismo” o con preocupación exclusiva por los derechos de los presuntos terroristas, en lugar de los de las víctimas del terrorismo. El trabajo de quienes defienden los derechos humanos ha pasado así a calificarse de sesgado e irrelevante, y a los ojos de algunos gobiernos se ha equiparado con terrorismo o subversión.

Sistemas de gobierno antidemocráticos y autoritarios

Los países con sistemas de gobierno antidemocráticos y autoritarios pueden constituir también un entorno especialmente hostil para quienes defienden los derechos humanos. En estos Estados, el margen de acción de defensores y defensoras se suele ver severamente limitado por leyes y políticas que, en nombre de la seguridad nacional o el orden público, imponen restricciones draconianas a la libertad de expresión y asociación.

“Estados colapsados”

Los “Estados colapsados” (aquellos que no cuentan con infraestructuras gubernamentales operativas) pueden plantear también enormes desafíos para el trabajo de quienes defienden los derechos humanos. En los lugares en los que las instituciones necesarias para prestar servicios básicos como la aplicación de la ley, la atención médica o la educación no existen o dependen de autoridades de facto débiles y de transición, las personas que defienden los derechos humanos deben trabajar de forma creativa con otras estructuras políticas y sociales, y a través de ellas, para prevenir y reparar los abusos y establecer un marco de salvaguardias en el ámbito local y comunitario.

La ausencia de un Estado de derecho y la prevalencia de la fuerza sobre el diálogo democrático como medio principal de respuesta política ponen enormes obstáculos a la tarea de defensores y defensoras.

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