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No más ejecuciones extrajudiciales en Filipinas

Ahora mismo, se está matando de forma ilegítima a presuntos delincuentes relacionados con las drogas.

Desde que el presidente Duterte llegó al poder, se han producido más de 7.000 homicidios promovidos por el Estado en el marco de su campaña contra el narcotráfico. También han habido numerosos casos de presuntos consumidores de drogas muertos a manos de la policía, bajo custodia o en operaciones policiales. En algunos casos, los agentes de policía incluso han actuado en connivencia con sicarios y han matado a cambio de incentivos económicos.

Las víctimas de esas iniciativas han sido principalmente hombres jóvenes pobres. La “guerra contra las drogas” es, de hecho, una guerra contra los pobres. En algunos casos, las familias de las víctimas de homicidio han sido objeto de robo y de colocación de pruebas por parte de la policía.

Mientras tanto, el presidente ha defendido su campaña contra el narcotráfico y la ha prorrogado hasta 2022; y ni un solo agente de policía ha sido procesado o expulsado del cuerpo en relación con los homicidios cometidos en operaciones contra el narcotráfico.

Las investigaciones o no se producen o son endebles, con lo que cualquier intento de las familias de las víctimas por llevar sus casos ante los tribunales es en vano. La mayoría de las familias tiene miedo a sufrir represalias y, por tanto, no dan el paso de pedir justicia.

Envía un correo electrónico a la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas pidiendo que investiguen las ejecuciones extrajudiciales.