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Respeto y protección de los derechos de las personas somalíes refugiadas en Kenia

Una sentencia judicial del 9 de febrero paralizó los planes de las autoridades kenianas de cerrar el campo de refugiados de Dadaab. Pero las autoridades deben garantizar que se respetan los derechos humanos de las personas refugiadas somalíes y que no se las devuelve a su país, destrozado por la guerra.

Con su anuncio en 2016 de que tenía la intención de cerrar Dadaab, el mayor campo de refugiados del mundo, el gobierno keniano creó un clima de temor y ansiedad entre las más de 249.000 personas refugiadas somalíes. La gente sentía que no les dejaban más opción que regresar a Somalia, un país que sigue inmerso en un conflicto y donde tienen pocas probabilidades de vivir en condiciones dignas debido a la sequía y a la falta de servicios y de seguridad.

La falta de apoyo crónica de la comunidad internacional a Kenia, que lleva decenios albergando a personas refugiadas, contribuyó a la decisión del gobierno de cerrar el campo de refugiados de Dadaab. La comunidad internacional ha respondido de manera sistemática con una financiación insuficiente a los llamamientos del gobierno keniano y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y no ha reasentado a un número significativo de personas refugiadas provenientes de Kenia en otros países.

El 9 de febrero, el Tribunal Superior de Kenia resolvió que el cierre del campo era inconstitucional y que tomar como objetivo a la población refugiada somalí era un acto de persecución colectiva, ilegal y discriminatorio. Sin embargo, el gobierno ha declarado que recurrirá la sentencia. La población refugiada somalí sigue corriendo el riesgo de ser devuelta a Somalia.

Pese a la orden judicial, el gobierno keniano no ha puesto en funcionamiento la Secretaría de Asuntos de la Población Refugiada, órgano estatal responsable del registro de las personas refugiadas que van llegando. Sin ese registro, las personas refugiadas no tienen acceso a los servicios básicos en el campo como alimento y techo. A finales de abril, había más de 3.400 nuevas personas refugiadas procedentes de Somalia sin registrar.

El gobierno keniano tiene que cumplir su obligación de proteger a las personas refugiadas somalíes que huyen del conflicto y lacomunidad internacional debe apoyar a Kenia para encontrar soluciones duraderas alternativas, como la integración en Kenia de estas personas y el reasentamiento en otros países. 

El 25 de marzo, en la Cumbre Especial de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo sobre personas refugiadas somalíes, el presidente Uhuru Kenyatta y otros líderes regionales se comprometieron a mantener el espacio de asilo y reforzar la protección de estas personas. Los compromisos son un paso en la dirección correcta. Ahora es importante garantizar que se cumplen.

Envía un mensaje a Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, y pídele que garantice que no se devuelve a personas refugiadas a Somalia y que se buscan para ellas soluciones duraderas alternativas.