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México: dejen de obligar a las personas refugiadas a regresar al peligro

En estos momentos, México obliga ilegalmente a miles de personas a regresar a situaciones donde su vida está en riesgo en Honduras, Guatemala y El Salvador todos los años. Esta práctica, denominada devolución (refoulement), es ilegal según el derecho internacional, y se le debe poner fin de inmediato.

Esas personas huyen de amenazas de muerte, agresiones y extorsiones de poderosas bandas que controlan grandes partes del territorio de sus países. Tienen que hacer un peligroso viaje para buscar protección en México y suelen ser mal informadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano de su derecho a solicitar asilo en el país.

Las personas refugiadas son a veces objeto de burla cuando tratan con los funcionarios del INM, que no les preguntan por qué han huido de sus países, ni les importa, y las devuelven a situaciones donde la muerte puede ser inminente. Estas devoluciones son contrarias a la legislación de México.

Pero existen casos que demuestran que esta situación puede cambiar. Emilia, que perdió a hijos y a un hermano en El Salvador, donde los mataron, fue deportada una vez, pero finalmente consiguió encontrar protección para ella y para su familia y ahora vive en condiciones de seguridad en el estado de Baja California.

Ayúdanos a crear más casos positivos para las personas refugiadas de Centroamérica. Pide a la autoridades mexicanas que dejen de obligar a regresar a personas cuya vida corre peligro.

Firma la petición y exige que el director comisario del Instituto Nacional de Migración (INM) lleve a cabo una revisión de los procedimientos de identificación que utiliza este organismo. Esta revisión debe tener por objeto:

• implementar un sistema proactivo de identificación que mejore el reconocimiento de posibles solicitantes de asilo en los primeros momentos de contacto con el INM;
• garantizar que las personas migrantes en situación irregular que son aprehendidas y detenidas son informadas debidamente de su derecho a solicitar asilo en México;
• garantizar su acceso sin restricciones a los procedimientos de asilo;
• detener las prácticas ilegales de devolución (refoulement) y garantizar que son objeto de sanción administrativa.