Que cese el ataque contra los derechos humanos en Filipinas

Desde que el presidente Duterte llegó al poder en junio de 2016, se han cometido miles de homicidios como parte de la campaña antinarcóticos emprendida por su gobierno en Filipinas.

Más de 3.000 personas sospechosas de consumir o vender drogas han muerto en operaciones policiales directas. En otros miles de casos de “muertes objeto de investigación”, algunos agentes de policía han trabajado con asesinos a sueldo para matar a sospechosos de delitos de drogas. Las víctimas proceden sobre todo de familias pobres que, a causa de esa muerte, se han empobrecido aún más.

El gobierno también ha estado tratando de aprobar un proyecto de ley para reinstaurar la pena de muerte, pese a que Filipinas ha firmado un tratado internacional según el cual la pena de muerte debe ser abolida. Aún existe el riesgo de que esta pena pueda ser reintroducida, si el Senado lo aprueba.

El presidente ha amenazado con matar y decapitar a los defensores de los derechos humanos que critiquen sus políticas, lo que convierte a Filipinas en un lugar aún más peligroso para los activistas de derechos humanos.

El gobierno ha declarado incluso la ley marcial en la provincia de Mindanao, lo que incluye traspasar el trabajo policial al ejército. Sin embargo, el gobierno sigue siendo responsable de proteger a la población frente a la violencia y los homicidios ilegítimos, y de respetar los derechos humanos.

Envía un correo electrónico al Senado de Filipinas, y di a sus miembros que dejen de atacar los derechos humanos en el país.