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Camerún: Respeten los derechos humanos en la guerra contra el terror

Protejan nuestros derechos. ¡La guerra contra el terror no los anula!

Fomusoh Ivo Feh, estudiante de 27 años de edad, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión por haber enviado un mensaje de texto a sus amigos en el que, bromeando, afirmaba que conseguir un buen trabajo en Camerún era tan difícil que lo mejor era alistarse en el grupo armado Boko Haram. El mensaje lo leyó un profesor, e inmediatamente Ivo y dos de sus amigos fueron detenidos y acusados de “intentar organizar una rebelión contra el Estado”.

Ivo es sólo una de las muchas personas que sufren abusos contra sus derechos básicos en la guerra contra el terror en Camerún. La definición de “terrorismo” en la recientemente aprobada Ley Antiterrorista es tan amplia e imprecisa que, de hecho, ha facilitado que las autoridades traten a cualquier persona como sospechosa, con nefastas consecuencias. Más de 1.000 de personas han sido acusadas de apoyar a Boko Haram, en su mayoría con muy pocas pruebas. Se han destruido pueblos enteros, en los que, tras congregar a la fuerza a cientos de hombres y niños, se los ha obligado a subir a camiones del ejército, y nunca se los ha vuelto a ver.

Las condiciones de reclusión de los sospechosos son atroces: las tortura, la malnutrición, la masificación y la falta de higiene son habituales, y en la prisión de Maroua mueren hasta ocho personas al mes. Quienes consiguen llegar a juicio, ven sus derechos limitados en el tribunal, lo que hace temer que un número considerable de personas (más de un centenar) hayan sido condenadas a muerte en juicios sin las debidas garantías.

La lucha contra Boko Haram es una causa justa, pero los medios que utiliza el gobierno camerunés no son los adecuados. Súmate a nosotros e insta a las autoridades a respetar los derechos humanos en la lucha contra el terror.

Las autoridades camerunesas deben:

  • garantizar que las detenciones respondan siempre a una sospecha razonable de comisión de un delito, y que todas las personas detenidas tengan de inmediato acceso a asistencia letrada y a sus familiares;
  • erradicar la práctica de recluir e interrogar a personas en centros de detención no oficiales;
  • establecer un registro centralizado de todas las personas detenidas y recluidas, indicando su paradero, al que tengan acceso las familias;
  • mejorar las condiciones de reclusión de Maroua;
  • abrir sin demora investigaciones imparciales e independientes sobre las violaciones de derechos humanos y, en particular, sobre las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los homicidios ilegítimos;
  • poner fin al uso de tribunales militares y de la pena de muerte, y establecer una definición más precisa de “terrorismo”, de conformidad con las normas internacionales.