En todo el mundo, los gobiernos utilizan políticas y leyes punitivas, incluida la legislación penal, para limitar o controlar con quién y por qué decidimos mantener relaciones sexuales con consentimiento, cómo accedemos a información y servicios de salud sexual y reproductiva y qué decisiones tomamos respecto al embarazo y si y cuándo deciden las mujeres quedarse embarazadas.
