Los ataques digitales contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y la sociedad civil van en aumento. Cada vez hay más pruebas de que gobiernos y empresas violan los derechos humanos de activistas, periodistas y profesionales de la abogacía, entre otras personas, al someterlas a vigilancia selectiva ilegítima. Este texto ilustra la necesidad de una moratoria mundial de la venta, transferencia y uso de la tecnología de vigilancia selectiva es clara y urgente.
