Amnistía Internacional pide a los Estados que adopten nuevos modelos para el control de las drogas que den prioridad a la protección de la salud de las personas y otros derechos humanos. Esto debe incluir la despenalización del uso, la posesión, el cultivo y la adquisición de drogas para consumo propio, y una regulación efectiva de las drogas que proporcione canales legales y seguros a quienes tienen permiso para acceder a ellas. Dichas políticas deben ir acompañadas de una expansión de los servicios de salud y otros servicios sociales para abordar los problemas relacionados con las drogas, así como de otras medidas encaminadas a abordar las causas socioeconómicas subyacentes que aumentan los riesgos del consumo de drogas y que llevan a las personas a participar en su comercio ilícito, como la pobreza, la discriminación, el desempleo, la enfermedad, la negación de la educación o la falta de vivienda.
