A lo largo de los dos últimos años, la pandemia de
COVID-19 ha segado y destrozado millones de vidas.
Para combatir la crisis, los gobiernos han reaccionado
aprobando con urgencia medidas extraordinarias, que
han variado según el contexto de cada país. Sin embargo,
hemos podido percibir con claridad la tendencia de los
gobiernos a no tener en cuenta las consecuencias que sus
restricciones tienen en los derechos humanos y a aplicar
sanciones de carácter punitivo, sobre todo a personas que
se encontraban ya marginadas.
