El presente informe se centra en las consecuencias de las normativas relacionadas con la COVID-19 y su aplicación a personas injustamente criminalizadas, por ser quienes son o por aquello a lo que se dedican; por ejemplo, por su orientación sexual o identidad y expresión de género, por ejercer el trabajo sexual, por consumir drogas o por carecer de hogar. Asimismo, hace referencia a personas afectadas por leyes y políticas discriminatorias que criminalizan servicios de salud necesarios para determinados sectores de población, como el aborto seguro y los tratamientos de afirmación de género.
