Todos los gobiernos y demás actores relacionados con el brote de COVID-19 y afectados por él deben garantizar que el derecho y las normas internacionales de derechos humanos son parte esencial de todas las respuestas que se den a la enfermedad, a fin de proteger la salud pública de la mejor manera posible y ayudar a las personas más expuestas a sufrir consecuencias adversas. En este documento:1) se examinan los motivos de preocupación y las dificultades que suelen surgir cuando los Estados responden a epidemias —atendiendo específicamente a la reacción de los Estados frente a la COVID-19.
