El 17 de julio de 1998, la comunidad internacional realizó un enorme avance en la lucha contra la impunidad de los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ese día, 120 Estados votaron en una conferencia diplomática a favor de la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que se dispone el establecimiento de ésta como tribunal permanente con jurisdicción sobre dichos delitos si los Estados no pueden o no quieren iniciar investigaciones o enjuiciamientos sobre ellos.
