Los Estados reconocen que la tortura es uno de los delitos más graves que los Estados o las personas pueden cometer, y reconocen también que los acusados de cometerlo atraen sobre sí un enorme estigma. Esto se debe a que la tortura socava el núcleo mismo de los derechos humanos: la dignidad y la igualdad de cada ser humano. La tortura consiste en que un ser humano priva de su dignidad a otro. Consiste en afirmar el poder y el control, en infligir dolor y desesperación, y en destruir la identidad y la autoestima de una persona.
