Amnistía Internacional acoge con satisfacción la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una resolución que afirma que el derecho humano al agua potable y al saneamiento se derivan del derecho a un nivel de vida adecuado. Esta resolución reafirma en la práctica que el derecho al agua y el saneamiento se incluyen de forma implícita en varios tratados de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el son Parte 160 Estados, y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado casi universalmente, por lo que son derechos jurídicamente vinculantes.
