Los actos de terrorismo —sean obra de quien sean— son graves abusos contra los derechos humanos, y los gobiernos del G20 tienen el deber de investigarlos de manera efectiva, llevar a los responsables ante la justicia y tomar las medidas necesarias para proteger de ellos a su población. Sin embargo, estas medidas no deben en ningún caso socavar los derechos humanos, incluidos la prohibición de la tortura y los malos tratos, el derecho a un juicio justo (que comprende la presunción de inocencia) y el principio de no discriminación.
