La ampliación de la infraestructura física está ayudando también a conectar a las personas entre sí, pero los proyectos de desarrollo de infraestructuras pueden tener asimismo un impacto negativo sobre los derechos de las comunidades locales, incluidos sus medios de vida y sus derechos a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al agua y a la educación. De igual forma, el desarrollo de la agricultura para satisfacer las necesidades alimentarias y de otra índole de la creciente población mundial plantea desafíos a la sostenibilidad. A través de la inversión y la ayuda al desarrollo, y de la participación de sus gobiernos en las instituciones financieras nacionales e internacionales, los países del G20 desempeñarán un papel primordial a la hora de garantizar que los proyectos de desarrollo de todos los sectores sean tan sostenibles como respetuosos con los derechos de la población local.
