Varias personas han sido detenidas por cargos relacionados con su participación en protestas pacíficas celebradas en Kempir-Abad contra un nuevo y controvertido acuerdo fronterizo con Uzbekistán. Varias de ellas se encuentran bajo arresto domiciliario, mientras otras permanecen recluidas sin juicio y en condiciones deficientes. Parte de ellas han sido acusadas de “intentar derrocar al gobierno por medios violentos”, lo cual se castiga con penas de hasta 15 años de prisión.