El 8 de diciembre, el Parlamento de Polonia aprobó dos proyectos de ley que otorgaban al gobierno un mayor control de la justicia, lo que suponía una amenaza para la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Polonia. El 20 de diciembre, el presidente, Andrzej Duda, refrendó con su firma la entrada en vigor de ambos proyectos.
