En 2018, Amnistía Internacional publicó el informe Detenidos y deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao, en el que destacaba que el gobierno de Curazao negaba a las personas venezolanas el derecho a la protección internacional. Las personas venezolanas que vivían en la isla sin tener la condición de residentes eran recluidas automáticamente en condiciones inhumanas en un centro de detención y los calabozos policiales antes de ser deportadas.
