El 18 de enero, el gobierno húngaro presentó una serie de anteproyectos de ley, en lo que constituía un nuevo intento de atacar a las organizaciones no gubernamentales y de obstruir el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Se trata de la última maniobra del gobierno en sus cada vez mayores esfuerzos por reprimir el legítimo trabajo de los grupos de la sociedad civil que promueven y defienden los derechos humanos, facilitan servicios jurídicos y sociales y expresan públicamente opiniones discrepantes en la prensa y en las redes sociales.
