En Sofía, unas 200 personas romaníes han quedado sin hogar tras haber demolido sus viviendas las autoridades locales, sin el debido proceso, sin haber avisado con la debida antelación y sin haber explorado soluciones alternativas, violando así, claramente, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Privadas ahora de cobijo y acceso a agua, electricidad y otros servicios básicos, las familias afectadas —entre las que figuran menores de edad, personas de edad avanzada o con discapacidad y embarazadas— viven en condiciones de precariedad extrema.
