En Bélgica, más de 2.500 personas que buscan protección internacional siguen desamparadas debido a que el gobierno continúa negándose a proporcionarles alojamiento y servicios esenciales, una política que se adoptó en 2021. Muchas de estas personas, fundamentalmente hombres solos, no tienen dónde refugiarse y se ven obligadas a dormir en la calle, en tiendas de campaña improvisadas o en viviendas ocupadas. A pesar de que los tribunales belgas han dictado más de 10.000 fallos ordenando a las autoridades que proporcionen una acogida adecuada, el gobierno belga ha ignorado siempre estas sentencias, que son jurídicamente vinculantes.
