En 2019, en el corazón de Europa, algunos Estados intentaron activamente menoscabar la independencia del poder judicial para eludir la rendición de cuentas. La Unión Europea continuó externalizando el control de fronteras y de la migración, lo que generó graves riesgos para los derechos humanos: decenas de miles de personas siguieron expuestas a conflictos, violencia, tortura y un futuro incierto en condiciones de miseria. Quienes se oponían a estas políticas de control migratorio y de fronteras sufrieron a menudo campañas difamatorias, hostigamiento, e incluso sanciones administrativas y penales.
