En los últimos años, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que han ayudado a personas refugiadas y migrantes han sido objeto de procesos penales infundados, restricciones indebidas de sus actividades, intimidación, hostigamiento y campañas difamatorias en varios países de Europa. Sus actos de ayuda y solidaridad chocan frontalmente con las políticas europeas en materia de migración, orientadas a impedir la llegada a la Unión Europea (UE) de personas migrantes y refugiadas, contener a quienes lo consiguen en el primer país de llegada y devolver a sus países de origen al mayor número posible de ellas.
